Edgar Fonseca, editor,
Cuatro allanamientos fueron ejecutados hoy por la Fiscalía en busca de pruebas de la denominada “pifia de la ruta 257” hacia la megaterminal portuaria de Moín que implicó un gasto adicional al Estado por $14 millones del costo original de la obra.
La Fiscalía presume que no existieron errores de diseño en dicha ruta, sino que desde que el proyecto se adjudicó se conocía del faltante para acceder a la terminal, así como del resultado lesivo que eso provocaría a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública.
Los allanamientos los dirigió la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) desde las 8:30 a.m., con el objetivo de secuestrar evidencia relacionada con dicho caso.
Las acciones se dieron en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el Consejo Nacional de Concesiones, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y un consorcio constructor privado.
Según dicha fiscalía, se investiga la licitación que llevó a cabo el CONAVI, bajo la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para la conexión entre la ruta 32 y la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón. La adjudicación del proyecto recayó sobre el consorcio allanado hoy.
La licitación, con un precio inicial de $71.857.500, no cumplió con el objetivo contractual para lograr la conexión definitiva, pues hubo un faltante de más de 80 metros que impedía el acceso a la terminal portuaria, sostuvo el ente acusador.
El Estado costarricense tuvo que asumir el pago adicional de $14 millones, correspondientes al valor del diseño y construcción de la porción de terreno que no fue contemplada inicialmente para lograr la conexión, agregó el informe oficial.
Pruebas a validar
Las pruebas determinarán si se valida o se descarta dicha hipótesis, conforme avance el proceso penal, citó la Fiscalía.
No hay personas imputadas. Las pruebas que se decomisen hoy serán analizadas por el Departamento de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial, añadió el informe.
Las autoridades investigan posible influencia contra la hacienda pública, regulado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.
