Pablo Ureña, abogado*
Que un educador o, peor aún, que una organización de educadores informe y reivindique que le ha dado “apoyo logístico y legal” a jóvenes estudiantes menores de edad para que bloqueen la aplicación de pruebas de bachillerato, se queden ellos mismos fuera de la prueba e intenten que otros menores de edad no puedan hacerla, bloqueando, incluso con uso de la violencia, el ingreso de los demás estudiantes al centro educativo y al aula en que se realizarían las pruebas, es la admisión de haber cometido un terrible delito ético: ir en contra de los deberes básicos de la profesión magisterial. Es traicionar al estudiante y traicionarse a si mismo.
Traicionar una misión sagrada
La misión del educador no es cualquiera: junto con la del médico es de las más sagradas y delicadas; el médico trabaja con vidas; el educador trabaja con mentes. Su misión es la de trasladar conocimiento y acompañar a los estudiantes a aplicarlo con éxito, primero en pruebas de evaluación, luego en la vida real. Confiados en que el educador cumplirá su misión, los padres entregan a sus hijos a los educadores. Es para ayudarlos a construirse como seres humanos, no para apoyarlos “logística y legalmente” en su destrucción. Dar apoyo logístico y legal a los estudiantes para que pierdan las pruebas con las que culminan su etapa de educación secundaria es un terrible delito; el delito de perversidad profesional.
Esto debe ser punible
Las autoridades de gobierno deberían, quizá por medio del abogado del Estado, la Procuraduría, encontrar la fórmula legal que le permita sancionar -en todos los ámbitos- estas espernibles conductas. De todas las informaciones originadas en la huelga, ésta y la de la invasión del área de quirófanos del San Juan de Dios, son las peores; las más perversas, las que dan más asco. Pecado mortal.
Fuente: Facebook, Pablo Ureña, abogado/Imagen ilustrativa
