Edgar Fonseca, editor
Uno de los jueces del tribunal que declaró legal la huelga en Recope, y que también tiene en sus manos decidir la legalidad de la huelga de los sindicatos del Magisterio, divulgó artículos contra el plan fiscal y por ello pidió inhibirse de la resolución lo cual fue rechazado por dos cojuezas.
Se trata del juez Luis Mesén García miembro del Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José quien suscribió la declaratoria de legalidad de la huelga de Recope junto a las cojuezas Betzabé Gutiérrez Murillo y Adriana Chacón Catalán.
Mesén confirmó haber “compartido -sin externar criterio en la red social facebook algunas publicaciones donde se cuestiona la oportunidad y conveniencia de algunas de las medidas contempladas en el mismo y la responsabilidad de la situación fiscal que atraviesa el país”, según un escrito divulgado ayer por los sitios nacion.com y delfino.cr.
Mesén trató de esta manera de apartarse de conocer de la apelación a la resolución de ilegalidad dictada por un juez de primera instancia en el caso de la refinadora expuesta a manifestaciones, bloqueos y sabotajes durante la huelga que declararon dirigentes sindicales contra el plan fiscal el 10 de setiembre.
En su escrito, el juez Mesén estimó necesario inhibirse de resolver sobre el caso de la huelga en Recope.
“Dejo planteado lo expuesto, para que el Tribunal proceda según lo que regula dicho Código y lo que en derecho corresponda”, dijo.
Las cojuezas Gutiérrez y Chacón no hallaron razón para apartarlo de la decisión sobre dicha huelga.
Según dichas cojuezas, lo dicho por Mesén “de haber compartido alguna publicación en la red social que indica, no tiene punto de incidencia directa sobre el asunto que se conoce en el presente expediente, que es una calificación de huelga, se entiende que es simplemente un reenvío de información que ha llegado de forma masiva a las redes sociales y como él mismo indica no hace comentario alguno sobre su contenido”.
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Ver también: una desafortunada resolución
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La llevarán a Casación
La decisión de dicho tribunal fue severamente cuestionada por el Presidente de la República, Carlos Alvarado, quien anunció que pidió a la Procuraduría General de la República interponer un recurso de Casación para objetar lo resuelto.
“La actividad de transporte y comercialización de combustible por parte de la RECOPE presentó graves afectaciones a consecuencia de la huelga nacional. Lo cual representó pérdidas millonarias a nuestro país, así como una grave afectación a nuestra economía”, sostuvo el gobernante.
“El almacenamiento, transporte y distribución de combustibles constituyen un servicio público esencial”, aseveró el mandatario.
Con tal razón pidió a la Procuraduría interponer el recurso de Casación, “(…) a efectos de agotar todos los mecanismos legales disponibles para garantizar el resguardo de los bienes públicos ante la afectación y daños provocados por la huelga.”