Edgar Fonseca, editor

El expresidente Oscar Arias denunció este martes, la “devastación ambiental” que reina en Crucitas, Cutris de San Carlos, en el fallido proyecto minero de la firma canadiense Infinito Gold Mining, aprobado durante su segundo gobierno, y por el cual enfrenta una causa penal.

La concesión a dicha firma fue anulada en 2010 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

“La devastación ambiental causada por la minería ilegal en Crucitas es una tragedia que, lamentablemente, pudimos evitar”, dice el dos veces expresidente y Premio Nobel de la Paz en un artículo de opinión divulgado entre otros medios por La Nación.

“Aprobé el proyecto porque considero que la minería puede traer oportunidades a nuestro país”, sostuvo.

“Confío en nuestro sistema de administración de justicia”, dijo en referencia al proceso en marcha.

Es la primera reacción pública del exgobernante en medio de la polémica de las últimas semanas al trascender un estudio de la UCR que catalogó como mucho más severo, de lo expuesto por el gobierno, el impacto ecológico en la zona.

Arias enfrenta una causa por supuesto prevaricato que le atribuye la Fiscalía por haber declarado de “conveniencia nacional” el proyecto minero en 2008.

Por dicha causa rindió declaración indagatoria el 8 de noviembre de 2017. Ratificó su inocencia.

Además, interpuso un recurso de amparo ante la Sala IV en el que la defensa del exmandatario alega presuntas violaciones al debido proceso en dicho caso por parte del Ministerio Público.

Operación minera sostenible

Según Arias, la extracción prevista en Crucitas iba a ser sostenible

“El oro de Crucitas iba a ser extraído en condiciones reguladas y supervisadas, de forma sostenible, con tecnología de punta y empleando dosis de cianuro equivalentes a las que se encuentran de forma natural en varios de nuestros alimentos”, asevera Arias.

“Los coligalleros, en cambio, han contaminado la zona con mercurio, un elemento altamente tóxico que afecta el aire y el agua, y cuyos efectos perduran en el tiempo”, sostiene.

“En este momento –advierte– nuestra prioridad debe ser atender la emergencia ambiental que se está llevando a cabo en Crucitas. Pienso, sin embargo, que también debemos reflexionar sobre lo que esto revela de nuestro sistema político y sobre la nociva práctica de fabricar escándalos donde no los hay”.

“Crucitas –ahonda Arias– fue un proyecto que se inició en la administración Calderón Fournier, continuó en las administraciones Figueres Olsen, Rodríguez Echeverría y Pacheco de la Espriella, y llevaba, por lo tanto, muchos años tramitándose cuando asumí mi segundo mandato como presidente de la República”.

“Insinuar que de alguna manera el proyecto está especialmente relacionado conmigo o con mi administración es una falsedad completa. Cualquiera que hubiera resultado electo en el 2006 habría recibido la solicitud de concesión de la compañía minera”, enfatiza.

“Cualquiera que hubiera resultado electo habría recibido la misma recomendación de parte del personal técnico del Minae de declarar el proyecto de conveniencia nacional, algo que se derivaba de nuestra propia legislación, la que establece que la minería es de interés público”, añade.

“Y cualquiera que hubiera resultado electo habría tenido que decidir si firmaba el decreto por el que actualmente me encuentro acusado, un decreto como el que se firman cientos en el ejercicio de la presidencia”, asegura.

“Yo aprobé el proyecto porque, como dije, considero que la minería puede traer oportunidades a nuestro país. Eso no quiere decir que fuera para mí una causa. Ni en la campaña política, ni en el programa de gobierno, ni en el Plan Nacional de Desarrollo, figura la minería como un eje central”, ratifica Arias.

“Crucitas para mí tenía importancia por los empleos que iba a generar en una zona deprimida y cuya vocación natural es la minería. Esto no es nuevo en nuestro país. Costa Rica tiene una tradición en el uso de metales. Solo hace falta visitar el Museo Nacional para darnos cuenta de que estos yacimientos han sido parte de nuestra historia y de que el uso de oro, cobre, jade y otros minerales del subsuelo por nuestros antepasados definen nuestra cultura”, cita el exmandatario.

“Todo este proceso ha sido muy doloroso para mí y para mi familia. Confío, sin embargo, en nuestro sistema de administración de justicia. Hay quien me pregunta si hoy me arrepiento de haber regresado a la política. Aunque jamás habría querido pasar por esto, cada día de mi vida doy gracias por la oportunidad de haberle servido al pueblo de Costa Rica”, puntualiza el exgobernante.

 

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Mayor el desastre

El Colegio de Geólogos denunció a fines de año el desastre detectado en el sitio.

“Lo más preocupante que se observa actualmente es la magnitud e impacto nacional y transfronterizo no se observa que se estén implementando soluciones verdaderas y efectivas ante esta problemática que de seguro crecerá exponencialmente”, sostuvo dicho colegio.

El ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, reconoció ante los diputados hace una semana que el daño económico por la extracción ilegal de oro en Crucitas es mucho mayor al que él había dado a conocer anteriormente.

“Yo había dicho que el oro extraído representaba entre 1.5 y 3 millones de dólares, estaba totalmente equivocado”, dijo.

“Me aventuré en decir esos números porque estábamos haciendo los análisis de la información y pude haber dicho que era una estimación y estaba muy lejos de la realidad”, agregó.

“Terminé la tarea y los números me indican que se han robado 90 millones de dólares”, reconoció.

“No conocía el estudio de Geología y Minas; yo entré al Gobierno y pregunté a Geología y Minas si habían estudios de ese tipo y se me dijo que no. A mí se me ocultó la información en la Dirección de Geología y Minas”, denunció.