Edgar Fonseca, editor
Un exalcalde de Alajuelita de apellido Echavarría fue denunciado ante la Fiscalía por presunto prevaricato por la cuestionada concesión de 116 visados municipales a planos catastrados de una misma empresa constructora, informó hoy a Procuraduría de la Ética Pública.
Dicha Procuraduría concluyó una investigación preliminar relacionada con la municipalidad de Alajuelita, en la que se denunció a Echavarría, quien fungió como alcalde en dicho cantón en el período 2012 al 2016.
El exfuncionario supuestamente otorgó personalmente–según la Procuraduría– alrededor de 116 visados municipales a planos catastrados solicitados por una misma empresa constructora, sin contar con los informes técnicos del Departamento de Desarrollo Urbano Rural o Planificación Urbana de la Municipalidad contraviniendo la Ley de Planificación Urbana, No. 4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas.
Producto de la investigación, se presentó ante el Ministerio Público la respectiva denuncia penal por el posible delito de prevaricato, agregó Vivian Burban, portavoz de la Procuraduría.
Medidas cautelares a alcalde de Guácimo
El lunes anterior la Fiscalía capturó al alcalde, al presidente municipal y a un empresario de Guácimo por supuestas anomalías con otro proyecto urbanístico.
La Fiscalía Adjunta de Pococí confirmó que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública impuso el martes medidas cautelares contra dos de los tres detenidos, sospechosos de los aparentes delitos de tráfico de influencias, influencia en contra de la Hacienda Pública, falsedad ideológica y uso de documento falso.
Los imputados, de apellidos Fuentes y Mejías, respectivamente, deberán firmar una vez al mes, no tener contacto de ninguna manera con los testigos de la causa y serán suspendidos de sus cargos, por el plazo de seis meses, citó el informe judicial.
Un tercer imputado, de apellido Barboza, quien es desarrollador urbanístico, quedó en libertad sin medidas cautelares, añadió la Fiscalía.
En dicho caso –según el ente acusador–los hechos hechos investigados fueron denunciados el 1 de noviembre anterior, luego de que, según se indaga, Barboza solicitó un permiso de servicio de agua potable y alcantarillado al Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de la Región Huetar Caribe, para un proyecto urbanístico. La solicitud le fue rechazada por no cumplir con criterios técnicos, por lo cual, en apariencia, Barboza habría traspasado la propiedad a una Sociedad Anónima para gestionar nuevamente el permiso.
De acuerdo con la investigación preliminar, el 31 de octubre del año pasado, Fuentes y Mejías presuntamente citaron a un funcionario del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, con el aparente fin de influir en este último para lograr obtener, indebidamente, los servicios solicitados por Barboza. Se investiga si la documentación presentada al funcionario del AyA tiene elementos falsos.
Los tres sospechosos fueron detenidos el lunes durante allanamientos realizados en sus viviendas.