Edgar Fonseca, editor/Foto Twitter Fiscalía
La Fiscala General, Emilia Navas, advirtió este viernes que la acción penal contra el expresidente, Oscar Arias, en el caso de la denuncia por el fallido proyecto minero de Crucitas, zona norte, no está prescrita, y por eso apelarán la resolución del Juzgado Penal de Hacienda que dictó sobreseimiento definitivo a favor del exmandatario por tres supuestos delitos.
“La jueza dictó un sobreseimiento considerando que, pese a que había elementos de juicio que en la investigación permitían vincular al señor Arias en los hechos y que debía indagarse, esa diligencia no se hizo y la acción prescribió; sin embargo, estudiamos la resolución y hemos tomado la decisión de presentar una apelación porque sabemos que la acción penal no está prescrita”, ratificó Navas.
Navas dijo que la Fiscalía respeta la resolución pero no comparte el criterio de que los hechos por los que se acusó al exmandatario están prescritos, ya que la declaración indagatoria se tomó el 8 de noviembre del 2017, casi un mes antes de que venciera el plazo, el 30 de noviembre del mismo año, lo cual extendió ese plazo por seis años.
El juzgado dictó sobreseimiento definitivo por dos presuntos delitos de prevaricato y uno de cohecho impropio que se le atribuyeron a Arias en razón de haber declarado de interés público el frustrado proyecto minero de la firma canadiense Infinito Mining Gold en Crucitas de Cutris, convertido hoy en un desastre ambiental.
Según la Fiscalía, el Juzgado consideró que el acto que interrumpió la prescripción fue la declaratoria del Tribunal Contencioso Administrativo sobre la nulidad de la concesión de minería y del decreto de interés público, emitida el 14 de diciembre del 2010.
Sin firmeza
José Pablo Miranda, uno de los fiscales a cargo del caso, sostuvo: “esta resolución no adquirió firmeza y, por ende, no tenía ningún efecto procesal ni jurídico en nuestro ordenamiento, hasta que fue confirmada mediante resolución de la Sala I del 30 de noviembre del 2011; a partir de ese momento el plazo de prescripción reinició”.
La prescripción –destacó un comunicado del Ministerio Público– es una sanción procesal ante la inactividad del Estado en la persecución de un delito y establece plazos para que esto ocurra; en el caso del delito de prevaricato, por el que se acusó a Arias, según la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, este período se interrumpe cuando un acto es declarado nulo o ineficaz por parte de la autoridad administrativa o judicial.
La Fiscalía confirmó que cuentan con tres días hábiles para presentar la apelación ante el Juzgado, el cual, a su vez, ordenó la realización de un juicio oral y público contra los siete imputados restantes en el caso: Dobles, Lezama, Boza, Cruz, Corrales, Espinoza y Cavallini, cada uno de ellos acusado por un delito de prevaricato.
Además del caso Crucitas, Arias enfrenta dos denuncias por presuntos delitos sexuales que le atribuyen dos mujeres, una de ellas una médica siquiatra, activista antibélica de apellido Arce de 34 años y una exMiss Costa Rica de apellido Morales de 48 años. Ambas aseguran haber sido objeto de presuntos abusos por parte el exgobernante en su residencia en Rohrmoser.
Arias rechazó categóricamente la versión de la primera denunciante y no se ha referido a la segunda denuncia ni a otros siete testimonios de mujeres que revelaron en las últimas dos semanas conductas inapropiadas de su parte en algún momento de encuentros de carácter profesional.
