Edgar Fonseca, editor
Las escenas transmitidas en vivo por los telenoticieros matutinos describieron una de las mayores acciones policiales de tiempos recientes y, en el epicentro, una de las instituciones de mayor influencia en el país, la iglesia católica. El mensaje, de paso, nadie está por encima de la ley.
Decenas de agentes policiales, armados, unos con pasamontañas, penetrando en el edificio de la Conferencia Episcopal, en barrio México, daban la impresión de estar ante un peligroso operativo a punto de cazar a algún gran capo.
Pero, ¡oh paradoja!, fueron recibidos con cánticos y oraciones por los personeros de la institución.
Las posteriores imágenes de los daños constatados por las autoridades eclesiales dentro del inmueble, con oficinas y escritorios desordenados, con puertas dañadas, con estantes en el piso, dan idea de que aquella acción sobrepasó límites de sentido común de una intervención policial, si se toma en cuenta el escenario, su contexto y a sus protagonistas.
¿De dónde vino la orden de actuar de esa manera?
¿Quién o quiénes consintieron llegar a semejantes extremos?
¿No hay espacio, en cruciales instantes como esos, para una pizca de lucidez y de sensatez?
¿No había presencia en aquel lugar de personal responsable con el cual conducir el cateo y accesar hasta el último rincón del edificio, sin necesidad de llegar a incurrir en los destrozos y daños denunciados por las autoridades eclesiales?
¿Fueron conscientes, desde un primer momento, los jerarcas policiales y de la Fiscalía de las repercusiones del despliegue consumado?
¿Fueron enterados de las proporciones de la acción?
La reacción de la jerarquía eclesial no se hizo esperar al tildar de “arbitraria, excesiva e intimidatoria” la jornada de la mañana del jueves en el edificio en barrio México y en la sede de la Curia Metropolitana, en el corazón de la capital.
Una jornada justificada por las autoridades en las pesquisas de los casos de supuestos abusos atribuidos a religiosos, hechos que tienen consternados al país.
Pero no solo por el despliegue, más propio de riesgosas acciones contra el crimen organizado, sino por la secuela de daños constatados y denunciados por la entidad afectada, es que se hace necesaria la más pronta respuesta oficial a los cuestionamientos surgidos ante los acontecimientos de ese jueves.
La opinión pública respalda cualquier esfuerzo por enfrentar las lacras delictivas y criminales de nuestros tiempos.
Ante los gravísimos casos de corrupción recientemente destapados y perseguidos desde el ente fiscal, el país no ha pestañeado en apoyar a las autoridades.
En las pesquisas de los abusos atribuidos a religiosos, la opinión pública no solo ve con estupor los detalles que trascienden sino que respeta y comprende una diligente tarea investigativa y acusatoria.
Los jueces dirán la última palabra.
Lo que no dejan de sorprender son despliegues como el que, con severidad, cuestiona la cúpula eclesial, y no pueden pasar inadvertidos extremos como los hallados en la escena allanada.
La Fiscalía y el OIJ tienen la palabra. Aunque para un jerarca aquello fue un acto más de investigación, “común y silvestre” … en estos tiempos de linchamientos mediáticos instantáneos.
