Jorge Corrales Quesada, economista
La Sala Constitucional impuso, en noviembre de 2018, el tope de ¢2.7 millones al sueldo mensual de los pensionados bajo regímenes de pensiones a cargo del Presupuesto de la República.
Esa decisión brindó un hálito de esperanza de que, en algún grado, se moderaría la injusticia de las pensiones de lujo (la llamo injusticia, porque los beneficiarios nunca cotizaron lo suficiente ni esas pagas generaron los intereses debidos, para cubrir las pensiones que reciben, siendo la diferencia cubierta por impuestos que todos los ciudadanos pagan al fisco.
Pero, esa resolución de la Sala IV tenía dos provisiones que disminuirían significativamente el ahorro de fondos públicos al disponerse de pensiones de lujo menores que las previas. La primera provisión es que aquel tope de ¢2.7 millones sólo se aplicaría a pensiones otorgadas a partir del 28 de diciembre del 2018, fecha de la promulgación de la ley 7605, al estipular que las pensiones a cargo del presupuesto del gobierno no podrán superar en más de 10 veces el salario más bajo de la administración pública, de ahí ese tope de los ¢2.7 millones citado.
La segunda provisión fue que ese tope no se aplicaba cuando el trabajador laboraba más tiempo del momento en que debía pensionarse, aunque por fuera un día. A eso le llaman postergación.
Estas provisiones facultaron que, de los 1.704 pensionados que deberían haber sido limitados por aquel tope, 1.545 no fueron objeto de ello y sí solo 159 pensionados. (O sea, poco más del 9% fue afectado y el resto se salvó). La salvada provino principalmente por la segunda provisión: la postergación.
A partir del informe de La Nación del 16 de enero, “1.700 pensionados de lujo del Magisterio se libran del tope,” pregunto: ¿de dónde provienen los salvados del tope?, ¿cuántos son y en qué porcentaje? De la UCR, 876 pensionados (51.4% del total); de la UNA, 379 (22.2% del total); del MEP, 233 (13.7% del total); del TEC, 119 (7% del total); de la UNED, 93 (5.5% del total) y de la Educación Privada, 4 (0.2%).
Debe señalarse que los salvados no fueron sólo pensionados del Magisterio, sino que “lo hicieron (sic) la mayoría de los beneficiarios de los regímenes de Gobierno y Asamblea Legislativa” y que, de los 18.000 pensionados de lujo, sólo 380 se vieron afectados.
Si bien el medio señala que, de un gasto anual del gobierno por pensiones de lujo estimado en ¢1.1 millones de millones, si se hubiera aplicado la plena reducción a todas ellas, “el Gobierno se habría economizado ¢19.136 millones en el año,” e indica que el ahorro logrado con las pocas pensiones de lujo que sí quedaron sujetas al tope de ¢2.7 millones al mes, es de ¢1.506 millones al año, lo cual califica de “ínfimo.”
Ante cosas como estas es que se ha hablado de reformas urgentes en el seno legislativo, y varios diputados prometieron entrarle a fondo a estas pensiones a cargo del presupuesto de la República. Pero, el tiempo pasa y el olor a cala del “proyecto” ya abunda en Cuesta de Moras. Seguimos en espera… los paganinis se están cansando. El abuso injusto sigue tan campante como Johnny Walker. El pueblo no debe permanecer dormido y en silencio ante tan preclaros abusos, pues, de hacerlo, sólo alienta mayores injusticias.
