Edgar Fonseca, editor/Foto diario El Tiempo, Bogotá
La tensión entre las cortes colombianas y el Gobierno estadounidense crece luego que trascendió que le fueron canceladas las visas a tres magistrados de la Corte Suprema de de Justicia de Colombia por supuestamente incidir en fallos que afectan intereses norteamericanos, destaca el diario El Tiempo de Bogotá.
Para este lunes estaba prevista una reunión entre funcionarios de la embajada de EE. UU. y la magistrada de la Corte Constitucional Diana Fajardo, para hablar de una notificación que le hicieron por correo electrónico sobre cambios en las condiciones de su visa.
Hay presiones
Si bien es claro que cada país es libre de otorgar o negar la entrada de una persona a su territorio, según las cortes hay “presiones” y “retaliaciones” por fallos de los altos tribunales que afectan intereses de EE. UU., como la extradición y el uso del glifosato para combatir los cultivos de coca.
Así como la magistrada Fajardo, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Éyder Patiño, recibió hace unos días una notificación por correo. A él le dijeron que le retiraban la visa estadounidense.
Estos dos hechos fueron antecedidos por un mensaje al también magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo, quien antes de Semana Santa recibió la noticia de que le retiraban el permiso para entrar al país norteamericano. Él, por su cuenta, se presentó a la embajada de EE. UU. para aclarar su situación y recuperó el visado.
Lizarazo fue el ponente de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que objetó el presidente Iván Duque. Además, debe presentar ante la Corte Constitucional en los próximos días una ponencia sobre la decisión que debería tomar este tribunal respecto a la petición que le hizo el Senado para que evalúe si Duque debe o no sancionar la ley. Esto, ante las dudas sobre la mayoría calificada en la votación que rechazó las objeciones presidenciales en esa corporación.
Patiño, por su lado, fue el magistrado ponente del fallo de la Corte Suprema que negó la extradición del indígena José Martín Yama, acusado por EE. UU. de narcotráfico. Este tribunal consideró que ya había pagado en Colombia la pena impuesta por la justicia indígena, de 10 años, y que no podía ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
Sobre la cancelación de su visa, Patiño sostuvo que se dio como una respuesta a sus posiciones jurídicas “que le han resultado incómodas a algún sector de la opinión”, pero dijo: “Eso no va a amilanarnos”.
