Edgar Fonseca, editor

El auge de discursos “populistas, autoritarios y anti-política” representa  una amenaza a la democracia, advierte el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, magistrado Luis Antonio Sobrado, tras resaltar un reciente reporte internacional que ubica a Costa Rica en el primer lugar por América en cuanto a la integridad de su sistema electoral.

“Una de las principales amenazas que hoy se cierne sobre las democracias electorales del planeta tiene que ver con el auge de los discursos populistas, autoritarios y anti-política, que guardan una común aversión a valores cívicos como la solidaridad, el respeto y la tolerancia”, respondió Sobrado a consultas de este editor.

El jerarca del TSE destacó los resultados del Proyecto de Integridad Electoral, basado en las universidades de Harvard y Sidney, Australia, que ubican a Costa Rica como la primera nación en las Américas por la integridad de su sistema electoral y novena a escala mundial.

El informe trascendió la semana anterior.

Cuando se le consultó sobre debilidades  o amenazas para consolidar los procesos electorales en el país, Sobrado alertó sobre el auge de los discurso populistas, autoritarios.

“Estos discursos circulan con particular facilidad por medio de las redes sociales y el Internet. Las noticias falsas se viralizan fácilmente y causan profundos daños a la institucionalidad”, enfatizó.

Según el estudio, Costa Rica con puntaje de 79, el país encabeza en el continente la percepción de integridad electoral evaluada.

Supera a Uruguay, 75, Canadá, 75, Chile, 71 Jamaica, 67, Barbados, 65,  Argentina, 65, Brasil, 64 Perú, 62, Grenada, 61, Estados Unidos, 61, Panamá, 61, México, 61.

En el fondo del ranking aparecen por América: Venezuela, 41, Honduras, 37, Nicaragua, 36, Haití, 32.

Y novenos a escala mundial

A escala mundial, Costa Rica aparece en el noveno lugar del los resultados del estudio, entre las democracias liberales, solo superada por las naciones nórdicas, Alemania, Holanda y Estonia. Y queda arriba de Suiza.

Es la única nación americana ubicada en el top ten mundial del estudio.

Según el estudio, así como no sorprende el buen desempeño de la democracia canadiense, tampoco sorprende lo que acontece con naciones de ingreso medio como Costa Rica y Uruguay.

Uruguay en el puesto 16 y Canadá en el 18, son lasa otras dos naciones del continente que destacan entre las primeras 20 a escala mundial.

Los casos más problemáticos en la región, según el informe, son Venezuela, Honduras, Nicaragua y Haití.

El estudio se basa en las percepciones de 3.861 expertos sobre la integridad electoral  de elecciones a nivel mundial.

Se evaluaron 337 elecciones en 166 países, tanto presidenciales como parlamentarias, en el periodo entre Julio 1, 2012 y Diciembre 31, 2018.

Ver: Electoral Integrity Project

Somos una excepción
-¿Cómo valora la calificación que se le otorga al país en dicho reporte, tanto a nivel mundial como de las Américas?
 
Los estudios comparados ubican a Costa Rica entre las democracias más longevas y estables del planeta. Eso suele llamar la atención de los investigadores extranjeros debido a que nuestro país no es grande ni rico, sino pequeño y de renta media. Con todos nuestros defectos como sociedad, debemos reconocer la herencia de una cultura cívica pacifista y respetuosa del sufragio que durante las últimas décadas ha propiciado la libre circulación de ideas y la alternancia de los gobiernos.  Esa forma de convivencia, que a los ticos nos parece normal, lamentablemente constituye una excepción en el plano internacional. 
 
El Proyecto de Integridad Electoral clasifica a nuestro país entre el reducido grupo de naciones con democracias liberales consolidadas y con un alto grado de integridad electoral durante el período 2012-2018.  A nivel mundial, Costa Rica ocupa el octavo puesto junto con Suiza y Estonia.  Nuestro país fue el único de América entre de los primeros diez lugares en la calificación mundial, solamente superado por Dinamarca (86 puntos), Finlandia (85), Noruega (83), Suecia (83), Islandia (82), Alemania (81) y Holanda (80). En la calificación del continente americano, Costa Rica está a la cabeza con 79 puntos, seguido por Uruguay y Canadá que obtuvieron 75 puntos, Chile con 71 y Jamaica con 67 puntos. 
 
La más alta calidad electoral
-¿En qué razones clave, estima, se fundamenta esta alta percepción del país a nivel internacional en cuanto a la integridad de su sistema electoral?
 
El Proyecto de Integridad Electoral es un esfuerzo independiente que produce un índice técnico a partir de la evaluación de 49 indicadores agrupados en 11 diferentes dimensiones del proceso electoral, a saber: leyes electorales, control, restricciones, registro de votantes, registro de partidos, acceso de los partidos a medios, financiamiento de las campañas, procedimiento de votación, conteo de los votos, procesamiento de resultados y autoridades electorales. El estudio es liderado por investigadores de las universidades de Harvard y de Sídney, con el apoyo de muchas otras instituciones educativas de primer nivel, en el cual participaron 3.861 expertos que evaluaron 337 elecciones efectuadas entre julio de 2012 y diciembre de 2018 en 166 países. La evaluación de Costa Rica comprende los comicios presidenciales de 2014 y de 2018.
 
La calificación obtenida por el país puede atribuirse a un buen diseño institucional, al compromiso de los actores políticos e institucionales y a la existencia de una cultura cívica que sustenta el juego democrático. Esa valoración ratifica el éxito de los constituyentes de 1949 cuando decidieron crear un andamiaje institucional que garantizara la pureza del sufragio bajo la responsabilidad de un Tribunal Supremo de Elecciones independiente, permanente y especializado.  En su filosofía de mejoramiento constante, los funcionarios del Tribunal nos esforzamos por proveerle al país la más alta calidad de procesos electorales según estándares técnicos internacionales.  A su vez, durante los últimos 70 años, tanto los actores políticos como la ciudadanía han participado en los distintos procesos electorales manteniendo altos niveles de civilidad, de respeto y de confianza en la transparencia del sufragio.  
 
Pero no estamos bien en…
-¿Cuáles son desafíos clave para consolidar esa percepción?
 
-En el estudio hay dos indicadores en que Costa Rica sale mal calificada: el financiamiento oportuno de los partidos y la equidad en el acceso a los medios de comunicación.  Sobre estos dos temas, el Tribunal Supremo de Elecciones ha sugerido reformas desde el 2001, pero ello depende de la decisión legislativa. 
 
En el Código Electoral de 2009 los legisladores adoptaron medidas para mejorar la transparencia y el control del financiamiento partidario. Sin embargo, al haber dejado por fuera la propuesta de crear franjas electorales y de facilitar los mecanismos de financiamiento adelantado para todos los partidos, la reforma de 2009 mantuvo las carencias en cuanto a equidad en la contienda. 
 
Las franjas son una tendencia global en las reformas electorales con el fin de promover campañas más equitativas, austeras y afines al ideal de democracia inclusiva.  De hecho, entre las democracias latinoamericanas, únicamente Costa Rica y Honduras no tienen ningún tipo de franja que garantice a los partidos un mínimo acceso equitativo a los medios. 
 
La amenaza del populismo
-¿En dónde, considera, radican las mayores debilidades o amenazas para la consolidación de la integridad de los procesos electorales del país?
 
-Una de las principales amenazas que hoy se cierne sobre las democracias electorales del planeta tiene que ver con el auge de los discursos populistas, autoritarios y anti-política, que guardan una común aversión a valores cívicos como la solidaridad, el respeto y la tolerancia.  Estos discursos circulan con particular facilidad por medio de las redes sociales y el internet. Las noticias falsas se viralizan fácilmente y causan profundos daños a la institucionalidad.
 
Frente a este desafío hay que buscar maneras de fomentar la educación para la ciudadanía digital del siglo XXI, en un esfuerzo conjunto que involucre a las instituciones públicas, a la sociedad civil, al sistema educativo y a los medios de comunicación.