Edgar Fonseca, editor/Foto Twitter Fiscalía General
La Fiscalía le sigue la pista a unos $36 millones que se movieron en 46 operaciones dentro del denominado escándalo del “cementazo” que estalló en la cúpula de asesores del expresidente Luis Guillermo Solís y se propagó a otras instancias públicas.
La Fiscalía General se encuentra a la espera de recibir 10 de los 46 informes de trazabilidad que solicitó a la Sección de Delitos Económicos; en estos se analiza, de forma minuciosa y detallada, el destino de $36 millones que se habrían movido en devoluciones de dinero, presuntamente hechas en 46 transacciones, comsignó un informe oficial divulgado este miércoles.
Hasta el momento, por dicho caso hay 10 imputados, entre ellos el empresario Juan Carlos Bolaños, figura clave del escándalo, quien está en arresto domiciliario tras pasar año y medio en prisión preventiva.
La Fiscalía abrió 22 causas penales, informó este miércoles el Ministerio Público al tiempo que defendió la labor seguida hasta ahora para esclarecer los presuntos delitos cometidos.
La Fiscalía reaccionó tras quejas del exfiscal general Jorge Chavarría quien aseguró el lunes que es víctima de persecución en dos causas que se le sigue y que la investigación del “cementazo” no ha sido efectiva.
Según Chavarría, quien está acusado por dos presuntos delitos de incumplimiento de deberes al solicitar desestimaciones en favor del exmagistrado Celso Gamboa, la Fiscalía no ha hecho nada en año y medio de investigar el “cementazo”.
Las autoridades investigan en dicho caso supuestas anomalías con operaciones crediticias por $30 millones otorgadas a empresas de Bolaños desde el Banco de Costa Rica y el Banco Popular.
El empresario reclama ser inocente de los cargos.
Tengan confianza
“La población puede tener seguridad y confianza de que el caso está bien atendido, adecuadamente abordado y tramitado y será resuelto con el requerimiento que corresponda, en el momento en que la primera fase de la investigación finalice”, respondió la Fiscala General, Emilia Navas.
“Es un caso complejo, no solo por el número de imputados, sino por el tipo de hechos de corrupción que se investigan y porque involucra a los tres poderes de la República, por estar vinculados funcionarios y funcionarias que ocupan u ocuparon cargos en esas instancias”, sostuvo Navas.
“Hemos tenido que trabajar día y noche para recuperar tiempo que se había perdido por la inacción del pasado”, advirtió.
La investigación ha implicado 38 audiencias, 22 de estas ante el Juzgado Penal y 16 ante el Tribunal Penal, cuyos tiempos de desarrollo suman una duración total de 65 días, detalló la Fiscalía.
Por aproximadamente 20 meses, dijeron, la Fiscalía General ha dirigido un minucioso proceso investigativo cuyo avance se evidencia en que, a la fecha, figuran como imputadas un total de 10 personas y se abrieron 22 causas penales paralelas al expediente principal, ratificó el informe del ente fiscal.
Caso complejo
La Fiscalía alega que se trata de un caso de tramitación compleja.
Por la complejidad de los hechos que se mantienen en investigación, el 10 de setiembre del 2018 la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Hacienda que el caso fuera declarado de tramitación compleja, al considerar que existen los presupuestos que establece el artículo 376 del Código Procesal Penal*. Dicho órgano autorizó el procedimiento el 4 de octubre del 2018 y, tras una apelación, confirmó esa resolución el día 31 de ese mismo mes.
Personeros de la Fiscalía han desarrollado cinco operativos con allanamientos en 14 sitios, 62 actas de apertura de evidencia, 18 actas de secuestro con su respectiva apertura y 69 entrevistas a testigos, entre otras actuaciones.
La causa –añadió el informe– se agrupa físicamente en 54 tomos, compuestos por 18.436 folios (páginas), estos se dividen en: 33 tomos de legajo de prueba, siete corresponden al legajo de medidas cautelares, nueve comprenden el legajo principal de investigación, dos tomos agrupan el legajo de informes de trazabilidad y los legajos de acción civil, de asistencia internacional y de entrevistas comprenden un tomo cada uno.
Las pesquisas han contemplado diligencias que, por su nivel de especialización, implican una significativa inversión de tiempo, pues, tras ser autorizadas por el Juzgado Penal, deben ser realizadas, según sea el caso, por los auditores de la Sección de Delitos Económicos y expertos de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial, destacó la Fiscalía.
El personal de estas áreas –consignó la versión– debe analizar la información que se obtiene producto de las diligencias y rendir un dictamen, o bien, efectuar la apertura de dispositivos electrónicos y la posterior extracción o respaldo de los elementos de interés. El resultado de este trabajo es más de 50.000 archivos electrónicos extraídos y revisados, provenientes de los equipos decomisados.
Intensa labor
La Fiscala General destacó que la labor se ha mantenido e intensificado desde que se asumió la investigación del caso, con pesquisas en numerosas entidades, públicas y privadas.
Además, están pendiente de obtener la información producto de diligencias efectuadas fueras del país y continúa el proceso de entrevistas a testigos.
——————————————————————————————————————–
Código Procesal Penal *
Procedimiento para asuntos de tramitación compleja
Artículo 376: Procedencia. Cuando la tramitación sea compleja a causa de la multiplicidad de los hechos, del elevado número de imputados o de víctimas o cuando se trate de causas relacionadas con la investigación de cualquier forma de delincuencia organizada, el tribunal, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, podrá autorizar, por resolución fundada, la aplicación de las normas especiales previstas en este Título.
En la etapa de juicio, la decisión sólo podrá adoptarse en el momento en que se convoca a debate.
Cuando la aplicación del procedimiento complejo sea dispuesta durante las fases preparatoria o intermedia, no regirá la reducción del término de prescripción a la mitad, prevista en el artículo 33 de este Código.
- Fuente: Fiscalía General
