Edgar Fonseca, editor/Foto Asamblea Legislativa
El PAC intensificó la presión este martes para que la votación de reelección del magistrado Paul Rueda, integrante de la Sala IV, sea pública y nominal el próximo lunes.
Rueda enfrenta la hostilidad de algunos diputados y de sindicalistas del Poder Judicial por decisivas intervenciones suyas en resoluciones sobre privilegios del sector judicial y de respaldo a la ley de reforma fiscal.
Su reelección, por un segundo periodo de ocho años, se decide el próximo lunes.
Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, dijo el lunes anterior que la votación, será secreta conforme normas constitucionales y el reglamento legislativo.
“La votación secreta claramente obstaculizaría la publicidad y la transparencia que guían el actuar parlamentario, en detrimento de la adecuada rendición de cuentas y el control ciudadano sobre las decisiones que tomamos diariamente”, advirtió hoy el diputado Víctor Morales Mora, jefe de fracción del gobiernista PAC en nota enviada a Benavides.
“La reelección del magistrado Paul Rueda Leal –agregó Morales– es un tema de enorme interés que nos lleva a tener una posición muy clara, tanto a lo interno como a lo externo de la Asamblea Legislativa, por lo que queremos manifestar nuestro compromiso con la defensa del principio democrático de la separación de poderes y la independencia de los jueces de la República”.
La reelección de magistrados es automática salvo que 38 diputados la objeten.
Liberación no ha definido su posición en este caso.
El líder del partido Restauración Nacional, Carlos Avendaño, está en contra de la reelección de Rueda.
Diario alerta de eventual acto viciado
En un vehemente editorial este martes, el diario La Nación demandó votación pública en el caso del magistrado Rueda.
“La votación secreta es excepcional y únicamente aplicable mediante norma expresa. En ausencia de norma que autorice o exija el secreto, los diputados deben hacer público el voto. Si la ruptura de la continuidad del magistrado en el cargo “no constituye un acto electivo, sino un juicio del Parlamento sobre la permanencia de los Magistrados”, ¿qué sentido tendría hacer ese juicio en secreto?”, planteó el editorial
“El desempeño de los funcionarios públicos, no importa su rango, –agregó el medio– debe ser discutido abiertamente, en especial cuando la Constitución y la ley crean la ocasión específica. Si no, no se puede hablar ni de la transparencia ni de la rendición de cuentas exigidas por la Constitución misma”.
“Si el Congreso decide votar en secreto contra la reelección del magistrado Rueda, bien podría incurrir en un acto viciado. Luego de la cuestionable actuación de la Asamblea en este caso, la nulidad de la votación sería el peor escenario”, concluyó el editorial.
