Edgar Fonseca, editor
Las declaraciones del presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, arrojan la más lúcida respuesta política, jurídica y social en décadas ante los escandalosos privilegios de las intocables castas gremialistas en el sector público.
“Un beneficio de una convención colectiva se convierte en un abuso cuando quebranta principios de razonabilidad y proporcionalidad”, sentenció en una esclarecedora entrevista divulgada por La Nación el lunes tres de junio.
Y, como tal, justificó la reciente serie de decisiones de la Sala IV que eliminan abusivos beneficios en diferentes instituciones. Tienen a 33 convenios en la mira.
Sus manifestaciones contradicen posiciones hasta hace poco asumidas desde el propio Poder Judicial de rechazar, a cualquier costo, hasta amenazar con la “democracia de las calles”, ante recortes a sus jugosos beneficios –aún vigentes–, cuajados en las negociaciones con su frente de organizaciones sindicales.
Sus manifestaciones y las decisiones que han anulado odiosas regalías en Recope, la UCR, la UNA, y algunas municipalidades, entre otros entes públicos, van a contracorriente de lo que hasta hace poco palpaba el país como una actitud obtusa, desde las entrañas del aparato judicial, de abrir los ojos, de ceder y de reencauzar visiones jurídicas sobre los viciados beneficios amasados por esas castas a lo largo del tiempo.
“Si un beneficio lesiona principios de razonabilidad, proporcionalidad y uso eficiente de recursos ese beneficio se puede recortar o racionalizar”, advirtió Castillo al tiempo que remató que, a contrario de lo que los dirigentes gremialistas dan por un hecho, tales beneficios no son inamovibles.
La Sala Constitucional los aborda, y si no se justifican, como ha detectado en los más recientes casos elevados a su análisis, los revoca.
Y punto.
¿O estos dirigentes van a declararse “islotes independientes” –como los rectores–, y a desafiar los fallos de la jurisdicción Constitucional?
Millonarios sobresueldos por “conocimiento de computación”, por “arraigo territorial”; financiamientos a actividades sociales, deportivas, educativas; subvenciones de hasta ¢700 mil en un banco estatal por fallecimiento, matrimonio o estudio; permisos sindicales, pagos de subvenciones a familiares de los trabajadores; plus de un día libre por cumplir la jornada ordinaria de trabajo; ¡plus de 60 días de vacaciones –así como lo oyen– tras determinado número de años de laborar en Hacienda!; y otras variedad de compensaciones económicas por vacaciones adicionales, se unen a una larga lista de privilegios que están en estos momentos en capilla ardiente o ya han sido anulados por la Sala.
La lista enchila la vista e indigna a la opinión pública.
En semejante contexto, y en el marco del colapso fiscal que se cierne sobre el país, los fallos de la Sala IV cobran particular trascendencia.
¿Responden, como lo explica con clarividencia el magistrado Castillo, al análisis ponderado de cada escenario para ir despejando, eliminando todo aquel beneficio derivado en abusivo despilfarro de recursos públicos?
¿Responden a una convicción mayoritaria de los magistrados en el turbulento entorno fiscal del país?
¿Se ha visto forzada la Sala a virar en lo que hasta ahora era un único e insostenible rumbo frente a tales abusos?
¿Están dispuestos los magistrados a bajar, también, de su pedestal?
Convencidos o no, queda a la conciencia de cada uno de ellos, y a su más sano discernimiento, dirimir de cara a esta oleada de recursos y de acciones que, finalmente, ponen en la picota los saldos acumulados de una viciada relación laboral.
¿Hay luz al final del túnel?
De mal en peor-Unos acusan de “malcriadas” a las muchachas que denuncian con valentía el acoso en las aulas y los pasillos de las universidades; otros se enfrentan a los estudiantes que los conminan a recortarse los suculentos pluses. Y amenazan con no acatar la normativa fiscal que regirá para todo el resto de ciudadanos “de a pie” … ni unos ni otros dan el ejemplo.
¿Fue sabotaje?– La sola insinuación de posible sabotaje en el abrupto fallo eléctrico de la megaterminal portuaria de Moín amerita una investigación de oficio del Ministerio Público. Se estaría poniendo en grave riesgo una actividad neurálgica para la vida productiva del país, como ocurrió en Recope durante la fallida huelga nacional del año pasado.
