Edgar Fonseca, editor
“La verdad va a salir a flote y se va a saber de nuestra inocencia”, afirmó el empresario Javier Chaves Bolaños, exministro de Obras Públicas y presidente del grupo Aldesa, tras quedar libre luego de ser detenido el lunes en las investigaciones de la Fiscalía por un escándalo financiero por unos $200 millones al que es vinculado.
Las manifestaciones las hizo tras salir del sótano de los tribunales en Goicoechea el martes a las 3:50 p.m. luego de estar detenido desde el lunes en las pesquisas que sigue la Fiscalía en el caso.
Su detención se dio como parte de 12 allanamientos que ejecutaron agentes del OIJ y de la Fiscalía en residencias de gerentes, directivos de Aldesa y en las oficinas del grupo Sama así como en la Superintendencia general de Valores (Sugeval).
Chaves salió calmado con un suéter oscuro y una bolsa de plástico en las manos.
“Nadie va a perder su dinero”, dijo de cara a una eventual reestructuración de Aldesa que prometió.
Pero reconoció que viene un largo proceso para cumplir con las obligaciones por las cuales enfrenta diferentes causas ante los tribunales.
Chaves no podrá salir del país como una de las tres medidas cautelares que le fijaron, informó la Fiscalía.
Deberá presentarse a firmar una vez al mes, no podrá salir del país y tiene prohibido mantener cualquier tipo de contacto con las víctimas y testigos, según dispuso el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José a petición de la Fiscalía en una audiencia desarrollada esta mañana.
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual confirmó que el imputado Chaves Bolaños, cumplirá dichas medidas cautelares mientras es investigado en la causa.
De incumplir alguna de las medidas dictadas, el sospechoso se expone a la imposición de otras más gravosas, incluyendo la prisión preventiva.
Se restructurarán
Al salir libre, Chaves dijo a la prensa que Aldesa se reestructurará y continuará con sus negocios inmobiliarios.
“Ya lo empezamos a hacer”, dijo.
“Ya cerramos el puesto de bolsa”, manifestó.
“Ahora estamos en un periodo de cierre de los fondos de inversión que ha sido el negocio más conocido”, expresó.
“El inversionista sabe ya que los dineros entraron a Aldesa y han sido invertidos en proyectos inmobiliarios que, cuando se liquiden, se les va a ir pagando ordenadamente a todos”, sostuvo.
“Tener problemas de liquidez no significa haber cometido un delito de estafa”, puntualizo.
“No significa haber hecho malversación de fondos ni administración fraudulenta”, insistió.
Luego reconoció que el proceso de arreglo con acreedores puede prolongarse hasta ocho años.
Según dijo, puede que resuelvan primero los acuerdos con los acreedores antes de que esté finiquitada la parte penal del caso.
Confía en que le acepten la gestión de “administración por intervención” ya rechazada por un juzgado.
Un juzgado concursal les rechazó la petición pero el empresario aspira a que prospere una apelación ante el Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José.
“No es un tema penal, sino de que nos dejen hacer el trabajo que se le solicitó al Tribunal para poder hacer la liquidación y pagarle a todo el mundo”, dijo el empresario.
Para él es paradójico que se les acuse de estafa si más bien acudieron a un tribunal a pedir “que con una lupa, con un foco, nos fiscalice todos y cada uno de los actos que vamos a hacer en los siguientes tres años”, manifestó.
