Edgar Fonseca, editor
“Apelamos al criterio de los manifestantes y les requerimos que se abstengan de cerrar el centro educativo. Casi 100 estudiantes de duodécimo año arrancan sus pruebas de Bachillerato este martes. Que no se cause más daño a esos alumnos, sus familias y la comunidad”.
Con estas palabras en un post Twitter, Roberto Céspedes, director del Colegio Técnico Profesional de Pital de San Carlos, hizo un último llamado a un minúsculo grupo que por más de una semana de manera arbitraria impidió que 1.300 alumnos y personal docente de la institución desarrollaran sus labores con normalidad.
Probablemente los 10 alumnos y sus asusadores menospreciaron su llamado.
Pero, quizá, sí les hizo caer en cuenta la amenaza de la acción penal que, aunque tardía, el MEP anunció de la mano de la Fiscalía para quienes, como en este caso, se mantenían intransigentes.
Prueba de ello es que este martes y ante la acción de la Fuerza Pública en Pital y en otras 12 comunidades donde grupos minoritarios de cabezas calientes manipulados persistían en bloquear los accesos a los colegios, desistieron y no aparecieron.
Se la olieron.
Las acciones de estos grupúsculos lindan lo delictivo.
Violentan un derecho fundamental como lo es el de la educación.
Y ante eso, las autoridades deben imponer el orden.
La Fiscalía, como ocurrió en los recientes bloqueos de vías, no debería tardar en reaccionar.
La mamá de un alumno del Liceo de Boca de Arenal en Cutris de San Carlos evidenció la indignación y la frustración de centenares de padres a cuyos hijos se les ha boicoteado estos días, impunemente, el acceso al centro.
La quejosa reclamó ante la Sala IV y denunció la “indiferencia” de los ministerios de Educación y Seguridad.
Ojalá que tras estos incidentes, las autoridades no pierdan de vista cuál interés debe prevalecer por proteger.
Permitir a grupos minoritarios manipulados hacerse fuertes en menoscabo de la mayoría sienta un peligroso precedente.
