Una ministra con “los pantalones bien puestos”

Edgar Fonseca, editor

El titánico esfuerzo de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, por ordenar y sanear las finanzas públicas no solo ha concitado respaldo político mayoritario sino apoyo y reconocimiento en la opinión pública.

Salvo sus detractores, atrincherados en cúpulas burocráticas, que resienten y reniegan que se les poden sus odiosos y costosísimos pluses y privilegios, su gestión y la de Rodolfo Méndez son reconocidas como de lo mejor de esta administración.

Pero es Aguilar quien ha debido sortear, incluso desde las entrañas del gobierno, los más abiertos ataques a su firme decisión, primero de ir adelante con la reforma fiscal, aprobada hace casi un año a pesar del chantaje y la extorsión gremialista, y hoy con la implementación de la regla fiscal y demás que contempla la nueva normativa.

El rechazo, el desafío, la danza con la ilegalidad y la arbitrariedad no se ha hecho esperar.

Desde los rectores de las universidades hasta la CCSS, y ahora enterados de lo resuelto, en silencio, por 14 magistrados del Poder Judicial, la reacción de unos y otros ha sido de desafío a aplicar los extremos de la nueva ley.

Que se la apliquen, que la traguen y digieran el resto de los ciudadanos no ellos, como si se tratase de islotes independientes navegando en sus privilegios.

Por eso nos parece una reacción lógica, aunque lamentable para el combate de la corrupción, la decisión anunciada este martes por la ministra de rechazar ¢2543 millones reservados por el Poder Judicial para crear una unidad judicial de lucha contra dicho flagelo.

“Entendimos la explicación del Poder Judicial cuando aseguró que el presupuesto asignado les impedía cubrir la atención del juzgado anti corrupción. Por eso, a pesar de las limitaciones presupuestarias del Gobierno,  buscamos entre todas las posibilidades una que permitiera atender este requerimiento”, destacó  la ministra  Aguilar.

No informaron

“Lo que no se nos informó fue que los recursos no les alcanzarían porque no aplicarían la Ley 9635 y por tanto mantendrían el crecimiento de pluses, lo que es igual que el crecimiento en remuneraciones”, denunció la jerarca al dar a conocer el corte de la partida.

“No vemos la voluntad por contribuir con el ajuste que de manera vehemente les hemos instado realizar por el bien de este país”, sentenció.

Para efectos presupuestarios, el recorte de esa suma es darle un pellizco a un elefante que reparte ¢60 mil millones anuales en 21 pluses a sus 14 mil empleados.

Pero hay un profundo simbolismo de honestidad en el mensaje de una ministra que no cede ante las amenazas o el amedrentamiento. Que guiada por los más coherentes propósitos ante la emergencia fiscal  no calla y alza su voz en una valiente y distinguida actitud de su parte.

Que otros den la cara y justifiquen ante la opinión pública en la defensa del botín de sus prebendas.