Edgar Fonseca, editor/Foto Casa Presidencial
El Ministerio de Hacienda rechazó ¢2.543 millones del Presupuesto del Poder Judicial al no sujetarse a las regulaciones de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas que fija nominal y no porcentual los incentivos y anualidades.
Se trata del más abierto choque entre Hacienda y el Poder Judicial luego que trascendió que 14 magistrados aprobaron en marzo no sujetar la materia salarial institucional a las regulaciones de la nueva ley fiscal, a diferencia del resto del sector público.
El Poder Judicial reparte anualmente ¢61 mil millones a sus 14 mil empleados a través de 21 pluses.
Los magistrados adoptaron la decisión de mantener el pago de pluses porcentual y no nominal como manda la nueva normativa fiscal, en sesión de Corte Plena del 18 de marzo, reveló el lunes La Nación. Catorce votaron a favor y siete se abstuvieron.
Los fondos rechazados por Hacienda servirían para abrir un nuevo juzgado anticorrupción.
“Entendimos la explicación del Poder Judicial cuando aseguró que el presupuesto asignado les impedía cubrir la atención del juzgado anticorrupción. Por eso, a pesar de las limitaciones presupuestarias del Gobierno, buscamos entre todas las posibilidades una que permitiera atender este requerimiento”, afirmó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
Corte Plena calificó de “repentina” la decisión de la funcionaria y mostró preocupación.
No nos informaron
“Lo que no se nos informó fue que los recursos no les alcanzarían porque no aplicarían la Ley 9635 y por tanto mantendrían el crecimiento de pluses, lo que es igual que el crecimiento en remuneraciones”, denunció la ministra Aguilar.
“Siendo así –dijo– no vemos la voluntad por contribuir con el ajuste que de manera vehemente les hemos instado realizar por el bien de este país”.
“Con mucho gusto, de ser necesario, mediante moción, el Poder Ejecutivo se compromete a reintegrarle los recursos al Poder Judicial en cuanto se ajusten a la Ley”, advirtió.
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Monto ya incorporado
El monto rechazado –según Hacienda– se había incorporado al presupuesto, en atención a una solicitud expresa de los magistrados, quienes aseguraron que no era posible satisfacer esta obligación con los recursos asignados.
La decisión de rechazar esa partida se anunció horas después que trascendió que el Poder Judicial, por votación de mayoría, los magistrados de la Corte Plena decidieron que no ajustarían los salarios del personal del Poder Judicial a la nueva normativa que en materia de incentivos y anualidades estableció la Ley 9635, según lo dio a conocer La Nación.
Lo anterior significa que, a diferencia de los 127 mil funcionarios del Gobierno Central, a quienes ya se les realizó la conversión de estos pluses de montos porcentuales a nominales para evitar el crecimiento exponencial del gasto, los 14 mil trabajadores actuales del Poder Judicial mantendrán el pago de estos pluses en términos porcentuales y con ello el crecimiento del monto asignado a remuneraciones, destacó un informe de Casa Presidencial.
La decisión de los magistrados causó profundo repudio político y público.
El magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte, defendió lo actuado al alegar que Hacienda no puede uniformar todo el Estado “mano militar”. Enfatizó en la independencia de poderes.
El diputado Pedro Muñoz del PUSC denunció a los magistrados firmantes de esa decisión por tres supuestos delitos: legislación en provecho propio, reconocimiento ilegal de beneficios laborales y presunto fraude de ley en la función administrativa.
El diputado Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, también fustigó lo dispuesto por Corte Plena.
“Primero trabajamos duro para aprobar una ley necesaria. Ahora tendremos que seguirlo haciendo para oponernos a sus interesadas interpretaciones. La independencia judicial no alcanza para insistir en un régimen desigual, en contra de los demás costarricenses”, aseveró.
