Edgar Fonseca, editor
La propuesta de un grupo de diputados, encabezados por una desubicada legisladora del PLN, de legalizar huelgas en servicios públicos esenciales, como salud y seguridad, pasó por alto, olímpicamente, el gravísimo daño causado a miles de pacientes y usuarios de hospitales y clínicas con el reciente paro.
No lo vieron. No lo sintieron. No lo percibieron.
No les importó la alevosa afectación perpetrada.
Los 12 diputados que la impulsan torpedean el proyecto que ha venido trabajando responsablemente el diputado Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso, en un afán de restablecer el orden ante los vacíos, omisiones y permisividad en que cayó el país frente a estos movimientos tras la reforma procesal laboral hace apenas dos años.
La iniciativa, lanzada al cierre de la semana legislativa, abre el portillo para que no solo sea legal paralizar hospitales en detrimento de un derecho fundamental, como es el de la salud, sino que extiende la posibilidad de paro a actividades tan sensibles, en estos tiempos, como la seguridad pública, los servicios aéreos, portuarios, ferroviarios, de energía y agua y suministro de combustibles. Permite cerrar los comedores escolares y hasta los juzgados de trabajo. Legitima los bloqueos de vías, exime a quienes los provoquen y rechaza sanciones salariales.
Dejaría servicios públicos clave a expensas de la arbitrariedad de dirigentes gremiales, de disociadores y la lenidad de los tribunales, puesta de manifiesto durante la fallida huelga del año anterior.
Se trata de otro cabo de dinamita prendido contra la precaria seguridad jurídica ante tales hechos.
Lejos de promover dicha seguridad, la desafía, amenaza la inversión y supone un detonante contra el empleo en momentos críticos, como bien se denuncia.
Nos luce irresponsable y descabellada la actitud de estos diputados que parecen responder, en cierta medida, a un mero afán politiquero coyuntural –elecciones de alcalde a muy corto plazo–, sin reparar en el grave perjuicio que dejan latente para nuestra sociedad.
El proyecto evidencia, también, la riesgosa apuesta del fanatismo neopentecostal de caminar al filo de decisiones y acciones que amenazan la estabilidad nacional.
Tras sus objetivos, no tienen reparo en hacer mescolanza de propósitos con una izquierda, muy venida a menos, o con otros sectores minoritarios que andan a la caza de ganancias en las revueltas aguas políticas de estos tiempos.
¿Qué dice Liberación ante esta iniciativa incubada desde su propio seno por una diputada en abierta rebelión?
¿Qué dicen PAC, PUSC y Restauración?
¿Qué opina el Presidente?
¿Insistirán en salvaguardar servicios públicos clave o se allanarán ante este exabrupto legislativo?
De su reacción dependerá que, un desaguisado de último momento, no se legalice como pesadilla institucional para que, cada vez que se les ocurra, los dirigentes taponeen servicios públicos esenciales bajo total impunidad, como acaba de ocurrir, para desgracia de miles, en hospitales y clínicas.