- Caja respeta decisión
- Sindicatos amenazan con más presión
Edgar Fonseca, editor
La Contraloría Genera de la República rechazó los acuerdos pactados por la CCSS con los sindicatos que rehusan aplicar la regla fiscal en los salarios de la institución y le ordenó aplicar de inmediato las regulaciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El año anterior la CCSS pagó ¢541 mil millones en pluses salariales a los 57 mil empleados.
La reforma fiscal ordena que los sobresueldos o pluses salariales se paguen a partir de ahora nominal y no porcentualmente que hace crecer exponencialmente el costo al Estado.
La Caja Costarricense de Seguro Social anunció que respeta la decisión de la Contraloría pero analizará resolución hasta la semana entrante.
Dirigentes sindicales de la Caja anunciaron un movimiento de protesta más fuerte tras esta decisión del ente contralor.
Lo pactado no crea derechos
“Los acuerdos de febrero y agosto de 2019 no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos por lo que la CCSS debe abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier otro tipo de procedimiento en vía administrativa para la declaratoria de nulidad de los numerales relativos a “Anualidades” e “Incentivos, complementos, sobresueldos y pluses”, afirmó la Contraloría.
Así lo notificó hoy a los miembros de la Junta Directiva y al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) mediante una orden relativa a los acuerdos suscritos el pasado 20 de febrero (y adenda) y 12 de agosto, todos del presente año, relativos a la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (LFFP), Ley N.° 9635, en particular sobre su Título III.
La decisión de la Contraloría se dio tras una denuncia planteada.
La Contraloría ordenó a la Junta Directiva de la CCSS la convocatoria a una sesión extraordinaria en un plazo máximo de cinco días, para que conozca el fondo del documento y tome los acuerdos respectivos para el acatamiento inmediato de las órdenes giradas.
Además, inició una investigación sobre este tema en el área de fiscalización de Servicios Sociales de la División de Fiscalización, razón por la cual no emitiremos más declaraciones al respecto, conforme la orden emanada.
