Edgar Fonseca, editor
La aprobación en primer debate de la ley de de regulación de huelgas en el sector público es un nuevo triunfo de nuestro sistema democrático en los agitados
tiempos que corren.
Como hace un año, cuando fue aprobada, contra viento y marea, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ante una desafiante coyuntura fiscal, una
amplia mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa respondió con una aprobación de una normativa que, aunque no es perfecta, es un respiro a la vigencia del
estado de derecho y a la seguridad jurídica ante la persistencia de movimientos huelguísticos, con razón on sin ella, en servicios neurálgicos del Estado.
Viene a poner orden tras el maremagnum, el desorden imperante, nefasto legado de la primera administración PAC.
Se convierte, en menos de un año, en otro trepidante revés para una clase dirigente sindical cuya única consigna es solo sumir al país en el caos y la inestabilidad.
No es perfecta
No se trata de una ley perfecta pero contempla un responsable ejercicio legislativo frente a los vacíos, omisiones y abusos, a que quedaron expuestas actividades y
servicios clave, tras la entrada en vigencia de la reciente normativa procesal laboral.
“9 meses, decenas de audiencias, cientos de consultas y mociones, y muchas horas de discusión. Pero, sobre todo, mucha paciencia y convicción en que la vida, la
salud y seguridad de la gente, como la educación de nuestros menores, no está por debajo del derecho a la huelga”, resaltó, tras la aprobación, el diputado Carlos
Ricardo Benavides, presidente del Congreso, principal gestor de la normativa, quien condujo el debate de manera sobria pero firme.
No es una ley perfecta pero responde a un largo camino de recopilación, análisis, interpretación y suma de variadas posiciones locales y externas en la formulación
de legislación atinente a la materia.
Se dieron más de 300 audiencias con todos los sectores afectados y recogió al menos 200 mociones.
Se trata de legislación crucial que prohibe la paralización de servicios estatales esenciales, que quedaban al garete o a la arbitrariedad de las decisiones de
dirigentes carentes del menor sentido de responsabilidad en la atención de derechos fundamentales, como el de la salud, como lo sufrieron decenas
de miles de pacientes semanas atrás.
Impide la suspensión de los servicios, entre otros, de seguridad, de transporte y suministro de combustibles, operaciones en aeropuertos, cuya interrupción
generaría graves consecuencias a los ciudadanos, como ha sido testigo el país en tiempos recientes.
En el “toma y daca” de las negociaciones, la educación, un servicio crítico para el desarrollo del país, fue sacrificado, lamentablemente,
al ser calificado como servicio “estratégico”.
Un muy alto precio para un derecho fundamental.
Y, de último momento, incorporó la sanción salarial para quienes se lancen a paros ilegales desde el primer día de suspensión de labores, como impera en la
legislación mundial. Queda claro: ¡la huelga no se paga!.
La nueva ley no es perfecta ni queda al gusto de cada uno de los interesados o afectados.
Sería iluso pretender un consenso uniforme en estos tiempos.
Pero una mayoría legislativa, 40 sólidos votos, dio el paso correcto en el momento oportuno a pesar del chantaje y de la extorsión reinante en las calles y en centros
educativos y de salud rehenes de las imposiciones de dirigentes gremiales atrincherados en sus cotos, sus privilegios y sus pluses.
Una mayoría legislativa dio una nueva gran lección de responsabilidad en su gestión que, como hace menos de un año, el país no pasa por alto, reconoce y agradece.
