Edgar Fonseca, editor
Los “garantes éticos” del PAC, que callan ante el escándalo de corruptela del “cementazo” y su “big chief”, se retuercen sus vestiduras y torpedean la candidatura del país al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Le hacen el juego a la Venezuela de Maduro y de sus capos.
Ignoran las 7.000 ejecuciones extrajudiciales que ese oprobioso régimen ha causado en el último año y medio, como lo denuncia la expresidenta Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Ignoran su lapidario informe que exhibe a Maduro y sus secuaces por gravísimas violaciones a los derechos humanos, que les ilegitima ante la comunidad internacional para aspirar al asiento por el cual Costa Rica lucha con todo reconocimiento y trayectoria.
Ignoran la cifra “sorprendentemente elevada”, de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las fuerzas oficiales y paramilitares del régimen, que solo en 2018 alcanzaron 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por “resistencia a la autoridad”.
“Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”, destacó el informe Bachelet.
Ignoran estos garantes las operaciones de las temidas bandas paramilitares del régimen chavista, las mismas que sostienen a sangre y fuego a Ortega en Managua.
“Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”, denuncia Bachelet.
“Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC [la policía científica]. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM, la contrainteligencia militar) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as, políticos/as y de sus familiares”, señala el texto. Estos procedimientos se enmarcan, además, en un contexto en el que los grupos de choque del chavismo, los llamados colectivos armados, “contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia”, asevera Bachelet.
Ignoran a los 4,3 millones de venezolanos forzados al exilio por la debacle económica-social del chavismo.
Todo esto lo pasan por alto los conspicuos garantes.
No están enterados.
Pero sí arremeten olímpicamente contra la candidatura de Costa Rica al alto cargo en la ONU.
“Con amigos así…”, debe haber pensado el presidente.
Si estos garantes quieren congraciarse con Maduro y sus bandidos, pues, ¡que se vayan a Caracas!