Edgar Fonseca, editor
La designación del nuevo ministro de Hacienda, la decisión de la Sala IV de dar vía libre a la ley que regula huelgas en el sector público y el fulminante golpe de las autoridades a un grupúsculo terrorista son tres hechos que, aunque distintos en sus orígenes y connotaciones, tienen una profunda repercusión en la estabilidad del país en estos tiempos.
Ejecutados desde distintas instancias, entrelazan decisiones y acciones que contribuyen a amortiguar los deseos de quienes andan afanados en la desestabilización y el descarrilamiento institucional.
Al otro lado del mundo…
La designación del nuevo ministro de Hacienda sorprendió a todo el mundo tras la convulsa salida de quien fue catalogada como la mejor ministra del gabinete.
El presidente Alvarado se tomó su tiempo, no tanto dada la presión reinante, y se sacó un as de la manga desde Indonesia, desde el mero Banco Mundial.
Una de esas figuras ticas que, como tantas otras de las que no se tiene la menor idea, no son “profetas en su tierra”, pero sobresalen en su campo y reciben reconocimiento y distinción en el exterior y, como en el caso del designado ministro Rodrigo Chaves, asumen posiciones de suma responsabilidad global.
Transado su nombramiento con una meteórica llamada celular, San José-Washington, mientras se dirigía a tomar un vuelo de 30 horas a Yakarta, la gran expectativa que reina ahora es cómo responderá el nuevo ministro –de un currículum y trayectoria distinguidas–, ante el desafío de consolidar el saneamiento fiscal que empujó con reciedumbre y visión su predecesora.
Sus atestados y vasta carrera calman las aguas y generan confianza.
Su suerte dependerá del blindaje presidencial cuando lleguen las tempestades, las amenazas, las coacciones, los chantajes que sufrió y enfrentó gallardamente hasta el último instante doña Rocío.
La Sala IV despeja el camino
Con la decisión de avalar la ley que regula las huelgas en servicios esenciales del sector público, los magistrados de la Sala IV respondieron clarividentes.
No solo rechazaron los cuestionamientos constitucionales más severos lanzados desde distintas fracciones sino que despejaron el camino para que la Asamblea Legislativa ratifique una normativa que urge el país para frenar la “ley de la selva” que pretenden imponer extremistas gremiales en los conflictos laborales del sector público.
Se acaba el relajo y la alcahuetería de las huelgas con pago a costa de los contribuyentes.
La decisión de los magistrados corta la amenaza de paralizar arbitrariamente servicios esenciales, y desnuda la temeridad de algunos cabezas calientes de denunciar al país en instancias internacionales por supuestos atropellos a los derechos laborales.
La Sala IV los pone en su sitio. Hace prevalecer el interés público.
Y un fulminante golpe al brote terrorista
Brillante la operación de los distintos cuerpos de seguridad que, sin causarles un rasguño, cazó a los sospechosos del más grave brote terrorista de los últimos 38 años desde que el país fue estremecido por las acciones subversivas de La Familia.
En medio del los tiempos de crispación social que corren, este grupúsculo, conforme las investigaciones, fue responsable de los atentados contra el edificio de Teletica y el despacho de la diputada Volio. Y pretendía causar una tragedia en el acto oficial del 15 de Setiembre en el Parque Nacional.
Una providencial acción policial, la noche previa, no solo desbarató aquel perverso plan sino que permitió a las autoridades atar, finalmente, todos los cabos para neutralizar y detener a los sospechosos.
La acción coordinada de autoridades administrativas y judiciales merece reconocimiento público. Contribuye a enfrentar sin miramientos una de las mayores lacras de nuestro tiempo como es el terrorismo.
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