Jorge Corrales, economista
Ya sabíamos que las relativamente pocas reformas para frenar el excesivo crecimiento del gasto gubernamental, contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada en diciembre pasado, serían obstaculizadas de diversas formas por grupos privilegiados, que pretenderían que esos pluses siguieran creciendo magnánima e irresponsablemente, tal como antes. Hemos visto todo tipo de acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Sala IV, por parte de universidades públicas, varias municipalidades y otros entes gubernamentales. Era de esperarse, pues a nadie le gusta que le quiten lo que considera “suyo,” aunque se trate de privilegios para unos pocos, pagados por toda la ciudadanía contribuyente.
Aun cuando precisamente no han mostrado alegría por las limitaciones impuestas al crecimiento de ciertos privilegios, algunas autoridades, lentamente, una tras otra, en mayor o menor grado, han ido tomando medidas que concuerdan con lo dispuesto en aquella Ley, si bien sostienen, “bajo protesta,” que no debían realizar esas reformas pues los entes públicos están exentos del alcance de aquella ley.
A partir del artículo de La Nación del 1 de octubre, titulado “Sueldos y pluses se comerán todos los recursos del FEES para UNA en 2028,” encontramos cosas muy interesantes, particularmente en esa universidad estatal, tanto sobre la magnitud del problema como algún grado de aceptación de las limitaciones de la ley de reforma presupuestaria mencionada (en la realidad, aunque digan que no, en derecho).
Se indica que “En total, el FEES (Fondo Especial para la Educación Superior, que es el traslado de recursos a las universidades estatales de todos los costarricenses por medio del presupuesto del gobierno) ascenderá a ¢512.782 millones, de los que a la UNA le tocará un 23.5% de los recursos; es decir, más de ¢119.990 millones.” La situación previa a la reforma legal citada determinaba que, “probablemente la totalidad del presupuesto por transferencias -FEES- tendría que utilizarse para pagar salarios.”
Las causas del descalabro
En palabras del rector de la UNA, Alberto Salom, “No quedaría nada para investigar, nada para extensión…” Y ese hecho se presentaría en un tiempo corto, en el 2028. El año pasado, a la UNA se le dieron ¢117.000 millones del FEES, de los que ¢48.000 millones se gastaron en remuneraciones y ¢34.000 millones en pluses, según la Contraloría General de la República; o sea, un 70% del FEES. Pero, consigna el medio, que, según las autoridades de la UNA, actualmente las obligaciones salariales se llevan el 83% de los giros públicos, lo que muestra una divergencia que no explica el medio (tal vez porque hay otros “giros públicos” a ese centro distintos del FEES).
En todo caso, en la UNA en el 2028, y en la UCR, el Tec y la UNED, a partir del 2030, “todas esas instituciones de enseñanza superior gastarán la totalidad de sus fondos del FEES” para esos respectivos años.
Interesantemente, el rector de la UNA “admitió que algunos privilegios excesivos de que gozan los profesores, funcionarios y trabajadores de la Universidad Nacional, como las anualidades, ponen en peligro su futuro financiero.” Pero, parece ser que la causa de ese descalabro no es sólo por las anualidades, sino por pluses como uno de 34 días de vacaciones al año a catedráticos con 20 años o más de laborar allí.
Agregó que él estaba “atado de manos por un artículo de la convención colectiva” que impide cualquier renegociación de los pluses si el sindicato de la universidad no está de acuerdo. Francamente, con este señalamiento del poder de veto sindical, primará la conservación de los privilegios. El rector señaló que ya la UNA había presentado un recurso de inconstitucionalidad por esa norma.
Además, indicó que todas las universidades han cumplido con la limitación de la regla fiscal que disminuye el aumento anual, incluso algunas por debajo del 4.67%. Esto suena muy bien, aunque sigan en su litigio ante la Sala Constitucional basado en “es inconstitucional” que la regla fiscal se aplique a las universidades públicas
Se vislumbran algunas decisiones positivas en lo correspondiente al ordenamiento de las finanzas del estado, el que es aplicable a todo el estado, pues no hay feudos exentos. La pregunta es ¿hasta qué grado llevarán las universidades estatales el cumplimiento con la regla fiscal? La hora de su cumplimiento pleno ha llegado y, si bien insuficiente ante el exceso de gasto gubernamental, al menos va en el camino correcto.
En verdad, es tan sólo “en el camino correcto,” pero lo crucial es una buena arribada a la disciplina fiscal indispensable. Sin embargo, ese camino estará lleno de todo tipo de obstáculos, desde artificiosos recursos legales hasta movimientos estudiantiles para que los ciudadanos les sigan subsidiando y, para la memoria de los justicieros sociales, con plata proveniente de una ciudadanía que, en promedio, es más pobre que las familias de los chiquitos que van a esa universidad. Linda equidad: ciudadanos en promedio más pobres dándole plata a un grupúsculo de estudiantes de familias pudientes y el que, a futuro, tendrá ingresos más elevados que el promedio del costarricense de hoy.
