Edgar Fonseca, editor
Fue una acción criminal.
Alevosa.
Premeditada.
Pudo culminar en tragedia.
Ocurrió la noche de este jueves 21 de noviembre al costado oeste de la Facultad de Derecho de la UCR, en la neurálgica vía de circunvalación que, por enésima vez y bajo total impunidad, –este gobierno parece arrodillado ante el chantaje y la amenaza desde el campus–, estaba bloqueada por grupos de manifestantes.
Durante 48 horas, como ha ocurrido en la vía que pasa al costado oeste de la UNA, Heredia, grupúsculos anárquicos impusieron la arbitrariedad y el caos.
Pero lo más grave estaba por venir.
Tras una extensa e infructuosa jornada de diálogo, las autoridades, finalmente, recibieron la orden de Casa Presidencial de intervenir y despejar la zona. En otras palabras de imponer el orden y la ley frente aquella acción delictiva de manifestantes, cubiertos con capuchas, como los hemos visto en recientes acciones subversivas y vandálicas a lo largo del continente.
La operación policial se dio en una hora de relativo bajo tráfico vehicular y de personas y fue cuando aquel grupúsculo, que mancha a la gran comunidad de la UCR, emprendió el capítulo que tenían reservado, conforme el libreto que viene siguiendo, conforme las instrucciones.
La emprendieron a patadas, a golpes, a pedradas, con palos, hasta que uno de ellos, como lo prueban los videos, llena la vía de combustible y desata fuego. Y no contento con aquel desmán, persigue a un oficial de la policía e intenta rociarlo.
No lo alcanza de milagro pero se estuvo a las puertas de una tragedia.
Luego escapan hacia el campus donde unos oficiales universitarios, irresponsablemente, les dejan guarecerse, en flagrante complicidad con aquel suceso como lo denuncia la jerarquía de Seguridad Pública.
Estos individuos parecen operar a sus anchas en el campus: toman facultades, interrumpen cursos, destruyen bienes públicos y hacen todo ello ante autoridades universitarias que han llegado a justificar y dicen “entender” tan despreciables acciones. Que dicen comprender el motivo de “su indignación”.
El vandalismo de manifiesto en las últimas horas, la grotesca agresión contra autoridades que llegan a cumplir con su misión, la siniestra intención de replicar en nuestras calles, instituciones, residencias, negocios, la brutal ola destructiva de la que somos testigos en todo el continente, deberían hacer que los altos jerarcas universitarios los llamen a cuentas.
Miopía judicial-Lastimosamente y ante toda la carga de evidencia contra ellos, un juez, miope o complaciente, vaya usted a saber, los deja libres bajo mínimas medidas de control. Eso se llama poner la institucionalidad del país a jugar con fuego. Dejarla a merced de grupos vandálicos, criminales, con una perversa apuesta al desnudo tras estos sucesos.
