Jorge Corrales Quesada, economista
Leí artículo de La Nación del 12 de noviembre, “’Los problemas económicos son ajenos a esta Corte,’” relacionado con el impacto que sobre el funcionamiento de la Corte tendrían dos proyectos presentados en la Asamblea Legislativa, uno de la diputada Xiomara Rodríguez (expediente legislativo 21.035) y otro del diputado Pedro Muñoz (expediente legislativo 21.537). Estos proyectos, de diversas, pero similares formas, buscan imponer frenos a las llamadas pensiones de lujo.
No puedo asegurar que el sentimiento que ambos expresaron lo comparten otros magistrados, pero, de 21 presentes en la sesión de Corte Plena, en relación con los expedientes arriba mencionados, 9 estimaron que afectaban la organización y funcionamiento de ese Poder, 3 votaron que no lo hacían y 9 se abstuvieron. Los magistrados Jaime Robleto y Julia Varela estuvieron entre los primeros (que sí afectaban) y lo relevante para este comentario son declaraciones que de ellos recoge ese artículo de La Nación.
La magistrada Varela dijo, refiriéndose a esos proyectos, en particular al propuesto por el diputado Muñoz, que “Con la creatividad del legislador en este tema, se nota que están perdiendo de vista que la persona que recibe equis salario o equis pensión, tiene una serie de obligaciones fijas, y eso no se está tomando en cuenta.” Igualmente señaló que “Entre menos recibimos, menos aportamos al comercio” y agregó: “Están dando pasos que están siendo negativos para el comercio. Ya nadie se atreve a poner un negocio. Estoy segura de que todas y todos nosotros ahora nos medimos. Si antes nos dábamos un gustito, ahora sólo vamos por lo necesario.”
Por su parte, el magistrado Robleto expresó: “Los problemas económicos son ajenos a esta Corte y están tratando de solucionarse, de alguna manera, con medidas populistas. La desigualdad social ha existido siempre y continuará cuando nosotros hayamos muerto. No se soluciona violando principios fundamentales del Derecho.”
Expresiones groseras
Mi primera reacción al leerlos fue de ira, pues son expresiones groseras, que asumen una enorme ignorancia de los ciudadanos, como si no supiéramos que, para recibir las millonarias pensiones de lujo que defienden, nunca han aportado lo suficiente para ellas, sino que se cargan a los dineros públicos de los ciudadanos. Es un privilegio odioso de unos pocos, del lado de dónde se le mire.
Además, en el comentario de la magistrada Varela hay un tufo claro de arrogancia, como si todos los ciudadanos no estuviéramos amarrándonos las fajas ante los gustitos y todos ni siquiera tenemos esos ingresos de pensiones de lujo que con tanto ardor defiende. Asimismo, da a entender que lo que dejaría de gastar afectaría al comercio o la economía, como si el gasto de la magistrada fuera diferente del gasto que dejó de efectuar el contribuyente, obligado a contribuir con sus impuestos al pago de esas pensiones de lujo. “No toquen mi gasto, aunque sí toquen aquel de quienes ponen la plata para mis pensiones.”
Similarmente, la impresión del magistrado Robleto muestra una insensibilidad increíble, pues, ni más ni menos, nos dice que tratar de eliminar esa pensión privilegiada es una medida populista, pues “los problemas económicos (del país) son ajenos a esta Corte,” como si los gastos de la Corte no formaran parte del gasto gubernamental, cuyo desboque es lo que ha dado lugar a esos problemas económicos que hoy experimentamos los ciudadanos, ante las medidas tomadas por el gobierno. Esos problemas económicos no deben restringirse a cargar a la plebe eximiendo a los magistrados gobernantes.
Mi ira inicial ha pasado a un segundo lugar, tal vez porque, con esas palabras, más bien los magistrados contribuyeron a que, por una mayoría impensada (y que esos mismos magistrados decían requerían de, al menos, 38 votos y no simple mayoría), se excedió esa barrera, en primera y segunda instancia en la Asamblea Legislativa. La reforma conserva gran parte del privilegio que los ciudadanos continuamos pagando, pero, lo sucedido sirve como ejemplo de aquello que los economistas llamamos “principio de las consecuencias no previstas.” No tengo duda en mi interior, de que esas palabras puedan haber definido esa abrumadora votación y que el tiro ha salido por la culata. Nunca debe subestimarse a un pueblo cuando, democráticamente y respetuoso de las libertades y amante de la justicia, buscar restaurar una justicia perdida.
Termino agradeciendo a esos dos respetables magistrados, que, al ser tan francos en sus expresiones y sentimientos, contribuyeron a que el pueblo, representado en nuestra Asamblea Legislativa, esté dando este primer paso esencial para que la gente, no sólo sienta que se recupera algo de justicia, sino que, también, el propio Poder Judicial reconquista un prestigio ante los ciudadanos tan menoscabado durante los últimos tiempos.
