Jorge Corrales Quesada, economista/Imagen con fines ilustrativos
¿Por qué será que todo el tiempo pasa lo mismo con las obras que hace el Estado, que siempre terminan costando más de lo inicialmente estimado y que se toman decisiones de inversión que se para el sol a verlas? Independientemente de la moral de los actores involucrados, en mucho se debe a que se trata de fondos públicos -esto es, de todos los ciudadanos- y no de recursos privados. Se hace gala frecuente de aquel decir: “lo que es de todos, no es de nadie,” lo que se traduce en que entre burócratas no importa tanto la proveniencia de los fondos utilizados ni la forma en que se ejecutan, pues lo mal hecho no se castiga, como sí sucede en el caso de la propiedad privada de los recursos. En aquel caso no existe ese espíritu de buen manejo, de cuido de lo que es propio, de la crianza de lo de uno, de una buena administración, de cultivo.
En lo público se carece de ese incentivo esencial de la buena economía y su ausencia, en lo que no pertenece a nadie en específico, nos explica por qué se observa con suma frecuencia ese desprecio por las cosas que se hacen mal. Si fuera privado, al final de las cosas, uno enfrenta lo que se conoce como el estado de pérdidas o ganancias, en donde lo que se pretende lograr es lo último y evitar lo primero. Por esa razón, hay un estímulo enorme para que los recursos privados, los de uno, que se dedican a producir lo que sea, resulten ser rentables y que no sobrevenga el castigo de las pérdidas.
Eso último no existe en la cosa pública, pues el incentivo no es hacer las cosas de la mejor manera posible, evitando al máximo las pérdidas, sino, tal vez, más bien acrecentar el poder político o recibir un salario que no guarda relación con el manejo exitoso de los recursos, en donde incluso el superior, que tampoco es dueño propio de esos recursos, también carece de incentivos para ser económico, para administrar bien lo que está a su cargo, sino obtener otras prebendas, como poder, compadrazgo y conceptualmente, hasta beneficiarse de manera ilegal, al no mirar con el detalle con que lo haría el dueño de los recursos, de cómo es que se están haciendo las cosas.
¡Verdad de Perogrullo!, me dirán algunos. Pero eso parece olvidarse con mayor frecuencia de lo debido, al presentarse caso tras otro de inversiones en obras estatales que siempre terminan costando más o bien son mal hechas. Ante ello, es necesario insistir en que se limite, en lo más posible, que las obras que el estado hace o que pone a algunos privados a hacerlas para él, se dejen plenamente a personas privadas.
Si es indispensable que las haga el Estado, que no haya funcionarios que las hacen para su peculio, en que, si las cosas no se hacen apropiadamente, los responsables asumirían el peso de sus (malas) decisiones. Pero, ¿cuántos en nuestro medio han sufrido penas o un cobro a sus bolsillos de los costos incurridos, ante su ineficiencia y hasta falta de celo y esmero en las cosas bajo su responsabilidad? Cuando surgen casos de esa falta de escrupulosidad, ¿acaso sobrevienen medidas aleccionadoras que desincentiven esa conducta? Todo sigue tan campante como Johnny Walker, de forma que, ante la impunidad, no podemos esperar otra cosa que la repetición de esa mala administración y de cuido que observamos a cada rato en el sector público.
En el 2013, el Banco Interamericano de Desarrollo le prestó al país $167.5 millones para construir una serie de escuelas y colegios. Con ellos, se harían 79 centros educativos y 24 canchas deportivas. Para ese fin se constituyó un fidecomiso con el Banco Nacional, para crear una unidad ejecutora encargada del desarrollo del proyecto, pero, como se consigna en el artículo de La Nación del 23 de noviembre, titulado “Contralora duda de alto costo de escuelas construidas con crédito,” la funcionaria Acosta señala que “Este fideicomiso no ha sido oportuno en el cumplimiento de su objetivo, no se vislumbra que la totalidad de las obras pueda materializarse… Existió ausencia del seguimiento del Ministerio de Educación Pública, dentro de la dinámica del fideicomiso para tomar acciones correctivas” y faltan fondos que financien todas las obras contempladas.
La contralora, dice el medio, duda de los costos altos de esas edificaciones, pero no hay duda de ello. Simplemente son hechos que muestran que los costos ya han terminado siendo mayores que los presupuestados, así que, lo que apropiadamente señala la contralora, no es que duda sobre esos costos, sino que los investigará más.
Veamos algunos ejemplos de esos mayores costos:
1.- Escuela Finca la Caja, ubicada en la Carpio, en la Uruca, la que, según la ley del fideicomiso, se estimó que costaría $5.8 millones, pero terminó costando $8.6 millones. Esto es, el monto final superó en un 48% al costo inicialmente estimado.
2.- Colegio Guararí en Heredia, que, de una estimación inicial de $2.6 millones, al final el costo al fue de $4.7 millones. Es decir, el costo se elevó en un 81% (casi el doble).
3.- Colegio Occidental en Cartago, el cual en un principio se estimó que costaría $3.8, pero terminó costando $5.5 millones; o sea, un aumento en el costo de casi un 45%.
De aquellas 103 obras físicas inicialmente estimadas en el préstamo del BID por $167.5 millones, “sólo alcanzó para hacer la mitad de las obras (55).” Hay 6 que se hacen con financiamiento mixto del BID y del MEP y “42 para las que hay recursos,” que me imagino es un lapsus del medio, pues después se señala en el comentario que “se requieren $150 millones adicionales,” que no sería nada raro que pretendan pedírselos prestados al mismo BID, aunque uno pensaría que, tal vez, ese ente se muestre inquieto con lo ya prestado e incumplido.
No sólo se señalan, como causa del alza en los costos, los más de dos años que tardó el Banco Nacional para tener lista la unidad ejecutora encargada del desarrollo de los proyectos, sino que, también, durante la gestión del hoy crítico de esos atrasos, Leonardo Garnier, “no hubo estudios técnicos para determinar los costos, por lo que las proyecciones quedaron cortas.” En sencillo, hubo mala praxis en la elaboración de la estimación de los costos iniciales.
Además, indica la funcionaria de la Contraloría, “hubo plazos muy amplios y atrasos para la contratación del fiduciario, del financista, de la unidad ejecutora, de los estudios de suelos, ambientales y adquisiciones de terrenos.” Por eso, para llegar a construir aquellas 103 obras, faltan ahora $150 millones, que, de nuevo, provendrán de un endeudamiento adicional para los ciudadanos, quienes, en su momento, tendremos que pagar los principales e intereses (no hay almuerzo gratis), posiblemente por la vía de más impuestos, nuevos endeudamientos o por inflación.
¿Y los responsables del desaguisado, del desorden, de la ineficiencia, del incumplimiento y de la mala administración? Muy bien, gracias…
