Edgar Fonseca, editor/Foto diario La Prensa, Managua
El régimen de Daniel Ortega, asediado por recientes sanciones de EE.UU., reaccionó con pánico el sábado y nacionalizó la reserva y distribución de combustibles, ante el posible desabastecimiento en cualquier momento.
La administración Trump incluyó en lista negra del Departamento del Tesoro a Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja presidencial nicaragüense, operador financiero y capo del sector petrolero del país.
EE.UU. sancionó a Ortega y a las compañías Zanzibar, Servicios de Protección y Vigilancia y la DNP, operadora de gasolineras, por servir de mamparas al lavado de dinero y obtener recursos para la familia presidencial.
Muchas gasolineras amanecieron el sábado vacías de compradores y otras regalaban combustibles a fanáticos gobiernistas, informó el diario La Prensa de Managua.
Costa Rica debe entrar en alerta, demanda ex embajador en Managua
Javier Sancho, exembajador de Costa Rica en Nicaragua, advirtió que el gobierno debe evitar que Ortega busque burlar las sanciones norteamericanas y pretenda reabastecerse de combustibles vía Costa Rica.
Sancho llamó al gobierno de Costa Rica a que encienda sus alertas a transportistas terrestres sobre la eventual crisis de combustibles en Nicaragua, que también podría golpear el tránsito de productos nacionales en la región, además de pasajeros de buses internacionales como Tica Bus y Transnica, ambas de capital costarricense.
Sancho demandó que los Ministerios de RREE, COMEX, MEIC y el MOPT “deben alertarse e implementar medidas ante un cierre fronterizo que puede ocasionar graves perjuicios a empresas de nuestro país y del resto de países centroamericanos”.
“Ortega y Murillo no dudarán tampoco en utilizar el desabastecimiento de combustibles en su provecho, o bien intentar presionar a Washington a través de otros gobiernos. Estamos ante dictadores bajo presión, capaces de realizar actos impensables, en especial contra nuestro país”, enfatizó Sancho.
Ley de emergencia tras sanciones
El régimen envió con solicitud de trámite de urgencia una iniciativa de Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense, para nacionalizar a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP) que fue sancionada por Estados Unidos el jueves 12 de diciembre. La Ley se aprobó este sábado, a las 10:27 a.m., con 73 votos de la bancada oficialista, denunció La Prensa
La iniciativa pretende evitar un desabastecimiento del combustible, debido a que DNP es la principal importadora de productos derivados del petróleo, es decir, diesel, gasolina súper y regular terminados. El proyecto de ley «declara de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo y propiedad de la empresa distribuidora DNP, Sociedad Anónima».
La iniciativa plantea que los inventarios de DNP pasan a ser propiedad total del Estado de Nicaragua, los cuales serán operados y administrados por las instituciones del Estado a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, sesiona este sábado para aprobar esta iniciativa. Los diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) fueron los primeros en intervenir en la discusión, para rechazar la iniciativa.
Golpe al entramado financiero
Mientras el régimen orteguista se empeñe en seguir en el poder y no buscar una salida a la crisis sociopolítica de Nicaragua, que ha dejado 328 víctimas mortales, las sanciones por parte de Estados Unidos continuarán y golpearán el entramado financiero que lo sostiene, tal y como pasó con las últimas designaciones contra tres empresas y Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial.
Para el analista político Eliseo Núñez, las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra Rafael Ortega, la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP Petronic), la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar, por controlar, financiar y lavar dinero para el régimen, tiene dos mensajes claros: Estados Unidos está dispuesto a bloquear el entramado financiero de los Ortega-Murillo, y el segundo es que si Daniel Ortega pensaba que habría un especie de espera por parte de la administración de Donald Trump, esta no existe.
