Edgar Fonseca, editor
El presidente Alvarado predica con el ejemplo y renuncia a una pensión de lujo para él y sus herederos al cabo de su mandato cuatrienal.
“He renunciado a la pensión como ex Presidente de la República al terminar mi periodo de gobierno. El 9 de mayo del 2022 presentaré mi nota a la Dirección de Pensiones del Ministerio de Trabajo para renunciar a ella. Las pensiones son para proteger y no para enriquecer”.
El mandatario envía un contundente mensaje de compromiso con la austeridad en momentos en que se le demanda al resto del país sacrificios extraordinarios tras la entrada en vigencia de la nueva ley fiscal.
Otros parecen no entender los signos de los tiempos.
Se hacen los desentendidos.
Se hacen los “rusos”.
Y se aferran, tercamente, a cuestionados privilegios que la nueva ley les corta.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia desafían esa ley, desafían un mandato de la Contraloría y desafían a la opinión pública, en defensa de esos odiosos privilegios.
No contenta con el suculento plato navideño del índice gerencial que le otorga alzas salariales entre 26% y 96% a 46 altos funcionarios, entre ellos los 22 magistrados, y que avaló la Sala IV en el ultimo día activo institucional de 2019, la cúpula judicial entró al nuevo año dispuesta a defender a “sangre y fuego” sus controversiales condiciones salariales.
Y así lo determinaron el lunes seis de enero cuando 16 magistrados en bloque, con la única pero honrosa excepción de la magistrada Roxana Chacón, ordenaron a su presidente torpedear la resolución de la Contraloría que obliga al Poder Judicial a sujetar el pago de los multimillonarios 21 pluses anuales –¢60.000 millones para sus 14 mil empleados– a la regulación fija y no porcentual como ocurre ahora como detonante de un gasto mayúsculo para el Estado.
Los magistrados dan el peor ejemplo.
Desafían el mandato del ente contralor.
Lo intentan deslegitimar.
Se pasan por víctimas.
Se dicen perseguidos, lo cual no les va.
Bajo órdenes cuasipoliciales …
La Contraloría les aclara que todo está apegado a la ley.
Que simplemente se ajusten a lo que los demás ciudadanos “de a pie” deben cumplir y punto.
Ciertamente, la nueva ley fiscal no solo acabó de desnudar la fragilidad de la estabilidad económica del país, sino a cotos inexpugnables, intocables, reinos aparte, en defensa de sus intereses.
Falso él no ha renunciado porque el derecho no ha nacido. y bueno será o no un derecho renunciable? Ver para creer.
Qué pena me da ver como los llamados “Magistrados” del poder Judicial ignoren tan descaradamente la resolución tomada por el Poder Legislativo (entidad electa por los costarricenses quienes pagamos los salarios de los magistrados) de acogerse a la ley. Qué podemos esperar en un país donde sus más altos representantes del Poder Judicial creen que están por encima de la ley. De verdad que es una VERGüENZA !!!
Más de la mitad del poder judicial está podrido, muchos funcionarios hacen lo que les da la gana pues no hay una inspección judicial que los investigue y sancione, no hay una corte plena o un consejo superior que le llame la atención a la inspección judicial. Nadie le dice nada a nadie, parece que todos tienen rabo que les majen.
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