Edgar Fonseca, editor
Una fuerte crítica emergió hacia la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que el lunes determinaron enfrentar un mandato de la Contraloría General de la República para que dicho poder cumpla con las regulaciones de la nueva ley fiscal que les restringe una serie de privilegios salariales.
“La Ley se aprobó para aplicarla a todos los funcionarios públicos, sin excepción”, advirtió el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides.
“Insistir en una aplicación privilegiada para un grupo es odioso y contraria al principio de igualdad”, añadió.
La Contraloría ordenó a la Corte ajustarse a la reforma fiscal y pagar los pluses salariales de forma nominal y no porcentual.
Un total de 16 magistrados se opusieron el lunes a la orden de la Contraloría. Solo estuvo de acuerdo la magistrada Roxana Chacón.
La Corte otorga ¢60 mil millones anuales en 21 pluses salariales a sus 14 mil empleados.
Ceden a presiones
Benavides denunció que los magistrados ceden a presiones de gremios internos.
“La independencia judicial reside en la capacidad de resolver objetivamente, apegados a la Ley, sin compromisos con grupos de poder económicos, políticos o sindicales, incluyendo los grupos de presión internos”, sostuvo.
“Un juez atado a la presión de su propio gremio no es independiente”, criticó Benavides.
La decisión de los magistrados también fue fustigada por Silvia Hernández, jefe de fracción PLN.
“Aprobar una reforma es una gran tarea pero sin su correcta aplicación de nada sirve”, dijo.
“Si en el camino se sacan actores o se llena de exenciones, el proceso no sirvió de mucho”, añadió.
“Las medidas son para todas las instituciones y no se pueden mantener privilegios odiosos como estos”, enfatizó Hernández.
El exministro de Educación y analista politico, Leonardo Garnier, igualmente atacó la votación de los magistrados.
“Cuando un magistrado no entiende el papel de la Contraloría y, peor, cuando no entiende que una ley es una ley, y que nos afecta a todos por igual. Curioso privilegio ese de sentirse por encima de la ley”, expresó Garnier.
Mandato policial
El magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte atacó la orden de la Contraloría y la calificó de “mandato policial”.
“Un departamento de la Contraloría nos da un mandato y a mí me manda casi a la casa si no obedezco, porque es un mandato casi policial, de que si usted no hace eso, puede ser destituido”, fustigó Cruz el lunes en Corte Plena.
“Cuando hacemos la interpretación de lo que dice la ley, de lo que dice la Sala (Constitucional), entonces se levantan voces diciendo que cómo es que la Corte puede hacer una interpretación conforme lo que dice la Sala Constitucional”, enfatizó Cruz.
Según dicho magistrado, con esta decisión se cuestiona la independencia del Poder Judicial.
“La Constitución bien vale poco a veces”, afirmó.
“La verdad es que un mandato al presidente de la Corte en esa manera es digno de cuestionamientos, de interrogaciones”, aseveró.
“La Sala tiene que resolver”, desafió.
