Jorge Corrales Quesada, economista
Continúa la reticencia de ciertos entes gubernamentales a aplicar plenamente lo que exige la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas –mejor conocida como de Reforma Fiscal- aprobada en diciembre del 2018. Anteriormente hice ver el caso de las universidades estatales, que omitieron presentar de forma debida los proyectos de presupuesto ante la Autoridad Presupuestaria, requisito para la aprobación de los presupuestos ordinarios por la Contraloría General de la República.
Ahora sale a la luz pública la “desobediencia” del menos imaginado de todos, el Poder Judicial, que no presentó su presupuesto para el 2020 según lo establece la ley de Reforma Fiscal. La Nación del 21 de diciembre lo expone en su comentario “Contraloría ordena a la Corte ajustar sus pluses a la ley fiscal.”
La Contraloría señala el incumplimiento en el oficio DFOE-PG-0739 de 19 de diciembre, dirigido al presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz, en el que ordena “aplicar los ajustes salariales contenidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas… a todos los empleados de esa institución.” Además, advierte que, si se incumple esa orden, se “incurriría en una falta grave, por lo cual se expone a sanciones administrativas.” También, que “el jerarca (de la Corte) acredite que cumple con lo ordenado a más tardar el 31 de enero del 2020” y que “debe establecer un mecanismo de seguimiento para garantizar el cumplimiento de la reforma fiscal.”
Un desaguisado
El origen del desaguisado es una decisión tomada por la Corte Plena en marzo del 2019, en la que, y por mayoría de sus integrantes, acordó mantener los pluses de los empleados antiguos y aplicar las nuevas regulaciones de la Reforma Fiscal, sólo a los empleados contratados con posterioridad a la fecha su aprobación. La Contraloría lo objetó, indicando que la decisión no otorgaba derechos a los trabajadores judiciales, “por lo que no tiene valor jurídico,” pues no identificó “con precisión el derecho concedido, la normativa en que se sustenta y los beneficios debidamente individualizados. Requisitos que, en este caso, no cumple al acto en mención.”
La Contraloría solicita dos cambios al presupuesto del Poder Judicial. El primero, que se varíe el cálculo de los pluses desde un porcentaje del salario a un monto específico. La Corte había decidido mantener a sus empleados antiguos con una anualidad de entre un 1.94% y un 2.55% por año laborado; ahora, deberá ajustarlo a un monto fijo, en función del salario que tenía el trabajador en enero del 2018.
El segundo cambio se refiere al reconocimiento de la cesantía, que la Corte había determinado era, para sus empleados antiguos, de 12 años. La Reforma Fiscal señala un tope de 8 años, que deberá aplicarse a todos los empleados del Poder Judicial.
Esperamos que estos principios de ordenamiento fiscal señalados por la Contraloría General de la República se implementen pronto por la Corte, pues, sin duda, que ella debe dar el ejemplo a los ciudadanos de obediencia de la ley.
Digo esto último, en particular, por la respuesta casi unánime de rechazo por los magistrados de Corte Plena a la decisión de la Contraloría General de la República, en cuanto a que aquella debe pagar los pluses en montos fijos y no porcentuales y que la cesantía de un máximo de 12 años es aplicable a todos los funcionarios, tanto a los anteriores a la reforma fiscal, así como a los contratados posteriormente.
El director jurídico del Poder Judicial se queja de que “La orden no es emitida por la contralora general de la República” sino por “jerarquías de tercer nivel.” Pero, como era de esperarse, dicha orden tiene todo el apoyo de la contralora, señora Marta Acosta, quien rápidamente así lo hizo saber de forma pública. El lamento del Poder Judicial aparece registrado en el artículo de La Nación del 7 de enero, titulado “Magistrados rechazan orden de ajustar pluses a la ley tributaria.”
Ante esa última decisión de la Corte Plena, el malestar ciudadano ha sido sumamente generalizado, como lo resume el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, don Carlos Ricardo Benavides, al recordarnos que “la ley se aprobó para aplicarla a todos los funcionarios públicos, sin excepción.” El sentir de la ciudadanía me parece que es contundente en su apreciación de que los magistrados sólo están defendiendo sus privilegios injustos y que “nadie está por encima de la ley,” empezando por los magistrados. ¡Cuánto duele ver a lo que ha llegado nuestro Poder Judicial! Ni piensen que, con decisiones como las señaladas, lograran el respeto de los ciudadanos. Lástima por el daño que le están causando al orden en nuestra sociedad y por el mal ejemplo que nos brindan.
