Edgar Fonseca, editor
¿Lleva cuenta la Fiscalía General de la ola de amenazas y ataques de las últimas horas a su máxima jerarca por su supuesta “inacción” en la polémica de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos?
¿Lleva cuenta de las direcciones de correo electrónico desde las que se ha originado esta brutal campaña de desprestigio personal y, de paso, institucional, contra una funcionaria y un ente clave en el combate de la criminalidad pero en punto de mira, ha rato ya, de poderosos intereses?
¿Lleva cuenta la Fiscalía de las identidades de todos esos usuarios, desde diputados hasta filosos “observadores”, cual voraz jauría politiquera electorera?
¿Tiene la Fiscalía en sus bases de datos todos esos nombres, esas direcciones, esos posts, esos WhatsApp, propagados como el “coronavirus ético, moral” del país, censurando, enjuiciando, sancionando a la Fiscala General por su presunto letargo, por su presunta complacencia y, casi atribuyéndole complicidad, al dilatar el allanamiento de las oficinas presidenciales?
Mancillando su honor.
Condenándola, sin el menor atisbo de un debido proceso, en estos tiempos de linchamientos colectivos, en estos tiempos de “circo romano” que vivimos en las redes.
¿Los van a llamar a cuentas?
O, ¿los van a dejar que reinen en la impunidad?
Sale a colación lo anterior tras el despliegue, el viernes 28 de febrero, de decenas de fiscales, magistrados, investigadores, vehículos, cierres de vías, en fin, unos allanamientos previsibles pero contaminados por el tufo del griterío de las hordas de: “crucifícale, crucifícale”.
¿Cedió la espectacularidad de la actuación al calor de los ataques de esas turbas mediáticas?
¿Cayó en la trampa la cúpula judicial? ¿O?
Tales las interrogantes que cunden sobre un caso que ha hecho rememorar en los ticos aquellos tiempos cuando la Fiscalía y el Poder Judicial andaban de cacería de expresidentes.
En fin, ¿actúan la Fiscalía, el Poder Judicial, al “tan tan” de las amenazas, la intimidación y el amedrentamiento públicos?
O, ¿hay otras razones de fondo?