Edgar Fonseca, editor/Foto WhatsApp
La Fiscalía General de la República, magistrados de la Sala III y al menos 45 oficiales del OIJ intervinieron la mañana del viernes en los allanamientos de Casa Presidencial y otros nueve puntos como parte de la investigación de la controversial Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
La acción que empezó a las 8 a.m. concluyó a las 10:50 p.m. del viernes.
Walter Espinoza, director del OIJ, justificó el despliegue policial “para efectos de una labor efectiva y eficiente”.
Inicialmente informó que desplegaron 250 agentes pero luego, al final de la tarde, corrigió que dicha cifra fue dada por un error.
Los allanamientos los encabezó la Fiscala Emilia Navas por intervenir en un poder de la República.
También acudieron en pleno, en un acto inusual, los cinco magistrados de la Sala III Penal.
Los oficiales ingresaron a la Presidencia armados y con chalecos antibalas justo en el acceso al despacho del presidente Carlos Alvarado quien no se encontraba al momento de la intervención policial.
Alvarado y el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, figuran dentro de las investigaciones que emprendió la Fiscalía.
Alvarado manifestó confianza en la democracia y en el sistema institucional.
“Confío en nuestra democracia y en la fortaleza de nuestras instituciones”, dijo en un video divulgado”, dijo el gobernante en un video divilgasdo por Casa Presidencial a las 4:34 p.m.
“Ahora es momento de ir adelante y seguir trabajando por el país”, ratificó.
Su vocera de prensa, Nancy Marín, dijo que la Presidencia “está de puertas abiertas” ante esta investigación.
Hay otras seis personas investigadas por la operación de dicha unidad de análisis, cuyo funcionamiento quedó al descuento hace una semana.
Las autoridades decomisaron inicialmente computadoras de los asesores en datos que laboraban en la unidad allanada.
10 allanamientos
La Fiscalía General de la República se encuentra dirigiendo 10 allanamientos relacionados con una investigación que se tramita en este despacho por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. Las diligencias se encuentran activas en las instalaciones de Casa Presidencial, MIDEPLAN y cuatro casas de habitación, confirmó un reporte oficial del ente fiscal.
Dentro del expediente son investigadas ocho personas de apellidos Alvarado Quesada, Morales Mora, Soto Castro, Madrigal Rivas, Villalobos Villalobos, Fernández Montero, Salazar Muñoz y Salas Hernández, citó el comunicado.
Según la investigación de la Fiscalía, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una Unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal.
La Fiscalía presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto.
Al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley, ratificó el informe de la Fiscalía.
No obstante, añadió, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto.
La investigación continúa dentro de la causa 20-005433-0042-PE, informaron.
