Edgar Fonseca, editor/Foto Facebook UCCAEP
“Que la Fiscalía tome esa información, la investigue y que tiempo después, cuando ya no sea importante, diga lo que yo ya en mi corazón sé”, resaltó el presidente Carlos Alvarado, la noche del martes, en un conclave empresarial al instar a que sea en el ámbito judicial que se dirima la controversia por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
En un discurso que no llevaba preparado sino que elaboró ante decenas de empresarios adscritos a la UCCAEP, el mandatario remitió a la intervención de la Fiscalía para que esclarezca las implicaciones de la operación de dicha agencia.
Lamentó que en el presente contexto, su administración ha sido tachada de todo tipo de epítetos.
«Lo que se dice en este país, lo que se escucha, es que el Gobierno es comunista, facista, totalitarista, neoliberal y cualquier otra etiqueta», fustigó Alvarado sobre el trato que se le ha dado a la polémica en medios y redes
“Podemos escoger hoy ser una democracia de debate de titulares o etiquetas, y de descalificaciones”, puntualizó.
“O podemos ser una democracia que debate en serio”, demandó al compartir la celebración del Día Nacional de la Empresa Privada junto a miembros de su gabinete, entre ellos el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, –en el ojo de al controversia– el de Hacienda, Rodrigo Chavez y el de Obras Públicas, Rodolfo Méndez.
Sus palabras las pronunció en momentos en que en la Asamblea Legislativa naufragó un intento de 10 diputados del PLN y uno independiente para tramitar un voto de repudio al mandatario.
La propuesta fue rechazada de plano por razones jurídicas por el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides.
Tras una apelación la moción fue rechazada por 37 votos.
Una comisión legislativa investigará los extremos de la operación de la agencia de datos y deberá dar un informe en dos meses.
La Procuraduría de la Ética se apersonó como eventual víctima ante los hechos denunciados que incluyen el presunto intento de manipular datos confidenciales de los ciudadanos.
Torpeza política
Alvarado reconoció que echar andar esa agencia en los términos que trascendieron vía un decreto vigente desde octubre 2019 fue una “torpeza política” del gobierno.
“Una torpeza política, eso es lo que es”, afirmó.
“Y –criticó– se ha hablado de espionaje, de escucha de llamadas, de información confidencial”.
Para Alvarado, la operación de una agencia como la cuestionada es necesaria en cualquier administración con el fin de definir estrategias de acción.
“La eficiencia requiere ciencia», insistió.