Edgar Fonseca, editor/Foto Facebook Defensoría CR
La Fiscalía General de la República, la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes verán las implicaciones de la labor de la cuestionada Unidad Presidencial de Datos (UPAD) creada por este gobierno con fines “político-estratégicos”.
Cuarenta diputados aprobaron este lunes una investigación en comisión especial de la creación de esta agencia motivo de una intensa polémica pública que llevó al presidente Carlos Alvarado a derogar abruptamente el decreto que la estableció y a suspender de inmediato sus trabajos.
El caso también será investigado por la Defensoría en conjunto con la Fiscalía, según lo confirmó la Defensora Catalina Crespo tras un encuentro de más de dos horas la mañana de lunes con el presidente Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y otros asesores.
Crespo aseveró que pidieron a la instancia judicial un “peritaje técnico” de dicha agencia.
Ratificó que personal de la Defensoría continuará indagando los extremos de la labor de dicha dependencia, cuyo decreto de funcionamiento fue derogado el viernes tras desatarse la controversia por el secretismo de su operación.
El presidente Alvarado reconoció por cadena de televisión que hubo errores al crear por decreto esta agencia pero que rectificaron.
“La mejor política pública, la libertad y el respeto a la privacidad son valores de este gobierno y de nuestro país”, dijo.
“En materia del decreto relativo al equipo de análisis de datos se cometieron errores, por eso hemos rectificado”, puntualizó.
Por tranquilidad
¿Por qué la intervención de la Fiscalía?
“Para dar tranquilidad a la población creemos conveniente, adecuado y responsable solicitar como Defensora de los Habitantes la intervención de la Fiscalía General de la República para que elabore un peritaje técnico”, manifestó.
“Venimos a esta jornada de trabajo porque hay un asunto de gran trascendencia para los habitantes de nuestro país, que es el resguardo y protección de datos personales”, dijo Crespo.
“Estos datos –advirtió– les pertenecen a cada uno de los Habitantes y son protegidos tanto constitucional como legalmente. Además, es un derecho fundamental”.
Do horas de preguntas
Según Crespo, dividieron la sesión en Casa Presidencial en dos capítulos.
“Una parte resultó de una serie de preguntas por un espacio de dos horas al señor Presidente de la República y a los Ministros y otros autoridades presentes”, agregó.
La otra etapa que incluyó cuestionamientos técnicos y legales al equipo de análisis de datos, añadió.
De previo a la cita, Crespo ratificó la inviolabilidad del derecho de los ciudadanos a la vida privada.
“El derecho a la vida privada es un derecho humano fundamental reconocido en el art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros muchos instrumentos internacionales de derechos humanos”, resaltó Crespo.
Según la Defensora, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU “han expresado en numerosas resoluciones su preocupación por los riesgos para la privacidad que resultan de las medidas de vigilancia de los Estados y de las prácticas de algunas empresas”.
“Recibí a la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, y a su equipo asesor. He ordenado brindar las facilidades requeridas para que se realice su investigación con toda la amplitud necesaria y con el objetivo de evacuar las dudas o preocupaciones que han surgido”, dijo Alvarado tras la reunión con la Defensora.
En suspenso
La operación de dicha oficina, que funcionaba desde hace año y medio, quedó en suspenso por orden del presidente Alvarado.
“He ordenado detener todo trabajo del equipo de Análisis de Datos para que la defensoría realice su investigación con toda la amplitud necesaria y con el objetivo de evacuar las dudas o preocupaciones que han surgido”, expresó el gobernante.
“Este equipo fue creado con el objetivo de utilizar a ciencia y la estadística para la toma de decisiones y la creación de políticas en beneficio de los y las ciudadanas”, añadió Alvarado inmerso en una ola de críticas desde distintos flancos.
“En. ningún momento se ha utilizado información con un fin distinto”, dijo.
El abogado constitucionalista Fabián Volio denunció que dicha oficina implica “espionaje político”.
Nada que ocultar
El ministro Morales rechazó que hubiesen pretendido crear una agencia de vigilancia ciudadana. “Nunca”, afirmó.
“Aquí nunca se ha intentado, se ha deseado, se ha buscado crear una oficina de vigilancia ciudadana para saber qué están haciendo las personas en sus casas o en sus empresas para fines torcidos” insistió Morales.
“Ese no es el propósito”, dijo.
“Ni es lo que se ha buscado con este trabajo”, sostuvo.
“Entiendo perfectamente que las condiciones que estamos viviendo en el país todo lo que venga del Gobierno puede terminar resultando sospechoso”, admitió Morales.
Incluso reconoció que en su caso personal hay quienes no le crean.
“A mí, desde luego, cuesta también que alguna gente me crea”, lamentó.
Por ser un tema de credibilidad que es lo que está en medio, es que estamos abriendo las puertas de par en par”, aseveró tras la cita con la Defensora Crespo.