Edgar Fonseca, editor/Foto Twitter Carlos Alvarado Q.
La creación, vía decreto, de una secreta Unidad Presidencial de Análisis de Datos, con fines “político-estratégicos” le desató una fugaz pero fuerte tormenta este viernes al presidente Carlos Alvarado.
Ante el creciente repudio, en cuestión de horas el presidente Alvarado anunció que derogaba dicha unidad.
La medida adoptada en octubre por Alvarado y el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, fue dada a conocer este viernes por el sitio CR Hoy.
Según citó dicho medio, la Unidad Presidencial de Análisis de Datos será una unidad de nivel político-estratégico que asesora directamente al Presidente de la República y su Despacho, ejercerá una función permanente y dependerá de la Presidencia de la República.
Dicha unidad también tendría acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera, según la versión divulgada.
Tras conocerse la versión se desató una reacción adversa en círculos políticos y redes.
El presidente Alvarado de gira por Sarapiquí confirmó la inmediata derogatoria.
La polémica le revienta en momentos en que el Ejecutivo enfrenta una fuerte oposición a la pretensión de tener acceso a cuentas bancarias sin orden judicial, como lo planteó el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en una reciente comparencia ante los diputados.
Derogado ante las dudas
La ministra de Comunicación, Nancy Marín, comunicó que la derogatoria del decreto Nº41996-MP-MIDEPLAN que creó la Unidad de Análisis de Datos se dio “a raíz de las dudas externadas por diversos sectores”.
La decisión, dijo, se tomó con el objetivo de abrir un espacio de diálogo amplio sobre la necesidad de que el Poder Ejecutivo cuente con un departamento permanente de análisis de datos, que permita la ejecución de políticas públicas basadas en la estadística y la ciencia de datos.
Marín reconoció que que desde hace algún tiempo un equipo de tres profesionales en estadística y economía ha venido trabajando precisamente en el análisis de los datos para la ejecución de políticas públicas.
El decreto –según Marín– tenía como objetivo establecer de manera permanente esta unidad para que otros gobiernos también tuvieran asesoría especializada.
“En el siglo XXI, los gobiernos deben trabajar con información precisa y oportuna que permita orientar a la política pública para beneficio de las personas”, justificó la funcionaria en medio de la fuerte censura política que desató dicho decreto.
Derogue ese decreto, le exige el PLN
Le exigimos al señor Presidente Carlos Alvarado que derogue ese decreto de forma inmediata”, advirtió la mañana de viernes Silvia Hernández, jefe de fracción PLN.
“De lo contrario –dijo– nos veremos en la obligación de presentar una acción de inconstitucionalidad para resguardar los derechos de las y los costarricenses”.
“Este decreto nos toma por sorpresa”, afirmó Hernández.
“Las atribuciones dadas a esta unidad de análisis son contrarias al derecho constitucional a la privacidad, así como la ley de protección a la persona frente al tratamiento de los datos personales”, enfatizó.
¿Ocurrencia?
Carlos Ricardo Benavdes, presidente de la Asamblea eguslativa noi descartó que haya ocurrrencia de por medio con la posible creación de dicha unidad.
“¿Acceso a datos confidenciales? ¿Por decreto? ¿En serio? Francamente no se sabe si es ocurrencia, malos propósitos o incapacidad”, criticó Benavides.
“A quién en Zapote se le ocurre sugerir algo así? Lo que se impone es derogar eso de inmediato y echar a los de la idea”, afirmó.
Para el analista Juan Carlos Hidalgo del PUSC, el anuncio suena “demasiado orwelliano”.
“Esto suena demasiado orwelliano para ser verdad. Me imagino que hoy habrá una aclaración de presidenciacr”, dijo Hidalgo.
¿Paranoia?
El exministro y exjefe campinsunó que haya paranoia detrás de una decisión como esta.
“¿Será paranoia? Pero … acceso a cuentas bancarias, registro de accionistas, nuevo sistema de cámaras de seguridad/tránsito y ahora esta oficina con acceso a datos confidenciales”, cuestionó.
“Esto sería algo tan pero tan repudiable –aseveró– que tiene que haber un error en la información y una aclaración/corrección contundente e inmediata del gobierno”.
