Edgar Fonseca, editor
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la mira internacional por el asalto militar que ordenó al Palacio Legislativo el 9 de febrero, ordenó incomunicar a todos los presos del país tras un repunte en los asesinatos en fin de semana.
“Todos a encierro total, ni un rayo de sol para nadie, 0 visitas, 0 actividades, 0 patio, 0 tiendas, todos en sus celdas, incomunicados, 24/7, hasta nueva orden”, tuiteó Bukele, en otra sorprendente decisión la noche del lunes, reseña el diario Prensa Gráfica de San Salvador.
Aparentemente como respuesta a los hechos violentos ocurridos fuera de las cárceles el lunes, el Gobierno anunció que se decretó emergencia máxima en todos los centros penitenciarios de El Salvador, agrega Prensa Gráfica.
“Nuestro país vive acechado por la criminalidad. Homicidios, extorsiones, asaltos, el cobro de “renta” y otros delitos son pan de cada día. En menos de 72 horas, asesinaron a 2 de nuestros soldados”, dijo Bukele en otro tuit la mañana de este martes.
Repunte de asesinatos
Bukele y el ejército mantienen una intensa campaña contra la inseguridad y las pandillas “maras” pero en el fin de semana hubo un repunte de homicidios con 17 asesinatos.
El pasado 15 de enero, después de un repunte de asesinatos, el director de la PNC Mauricio Arriaza Chicas aseguraba en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que estaban detrás de las estructuras que creían que podían manejar el alza o baja de la cifra de homicidios en El Salvador, cita el diario.
“No se dan cuenta que la PNC tiene el control territorial a nivel nacional”, aseguraba, según dicho medio.
Aparentemente como respuesta a los hechos violentos ocurridos fuera de las cárceles el lunes, el Gobierno anunció que se decretó emergencia máxima en todos los centros penitenciarios de El Salvador.
“Todos a encierro total, ni un rayo de sol para nadie, 0 visitas, 0 actividades, 0 patio, 0 tiendas, todos en sus celdas, incomunicados, 24/7, hasta nueva orden”, tuiteó el presidente.
Según el artículo 23 de la Ley Penitenciaria, un estado de emergencia no puede durar más de quince días y la Dirección General de Centros Penales (DGCP) puede confirmarlo o revocarlo e informar “por escrito o de cualquier forma, inmediatamente, al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República (FGR)”, advierte el diario.
Además, la DGCP debe comunicar “inmediatamente la medida y sus alcances al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena competente, quien podrá confirmarla, modificarla o revocarla”, dice el artículo 24 de la Ley, menciona el medio.
