Edgar Fonseca, editor
Las campañas electorales en el país son vulnerables al lavado de dinero, advierte EE.UU.
Así lo advierte el más reciente reporte de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de EE. UU., divulgado el lunes 2 de marzo.
El financiamiento de campañas se ha convertido en un nuevo foco de vulnerabilidad al lavado de dinero, ratifica el reporte.
Delitos financieros
Según dicho informe, las organizaciones criminales transnacionales aprovechan al país como base para delitos financieros debido a desafíos de aplicación, limitaciones de recursos y su ubicación geográfica en una ruta de tránsito clave para narcóticos y productos ilícitos.
Costa Rica ha sostenido la mejora de su marco de supervisión y la legislación aprobada para fortalecer la capacidad de aplicación y los mecanismos de prevención del lavado de dinero, reconocen las autoridades norteamericanas.
Sin embargo –advierten– persisten las lagunas, y podrían financiarse fondos adicionales para unidades clave, mejorar las disposiciones de decomiso de activos y procedimientos más rápidos para el intercambio de registros e información.
Tráfico de narcóticos principal fuente de lavado
El tráfico de narcóticos –destaca el reporte norteamericano– sigue siendo la principal fuente de activos lavados, mientras que el tráfico de personas, el tráfico de migrantes y contrabando, el fraude y la corrupción también generan ingresos ilícitos.
Los sectores de construcción, bienes raíces y hotelería son áreas de preocupación, mientras que el financiamiento de campañas se ha convertido en un nuevo foco de vulnerabilidad al lavado de dinero, confirma dicho estudio.
Costa Rica –agrega– no es un centro financiero regional; sin embargo, importantes flujos de turistas y migrantes contribuyen a la vulnerabilidad de los aeropuertos y cruces fronterizos de Costa Rica como sitios para el contrabando de efectivo a granel y las tipologías relacionadas.
Las empresas de apuestas deportivas y juegos en línea, legales en Costa Rica, siguen siendo áreas de preocupación, insiste el análisis estadounhidense.
Si bien las instituciones financieras siguen siendo vulnerables al lavado de dinero, su exposición ha disminuido con la implementación gradual de mayores requisitos de monitoreo, reconoce dicho reporte.
Según las autoridades norteamericanas, el país tiene requisitos, y una ley de fraude fiscal (Ley 9416) prevé la divulgación de los beneficiarios reales, ahonda.
Los funcionarios del poder ejecutivo y legislativo han demostrado compromiso y voluntad política para alinear el marco legal de Costa Rica con los estándares internacionales. En junio de 2019, la legislatura de Costa Rica aprobó una ley de responsabilidad penal corporativa (Ley 9699) por delitos relacionados con el soborno y la corrupción, remediando una deficiencia de larga data, consigna el reporte.
Vasto control
Según el informe de EE.UU. los requisitos de informes y supervisión de Costa Rica incluyen instituciones financieras tradicionales.
Las entidades sujetas a requisitos de información y supervisión incluyen bancos; cooperativas de ahorro y préstamo; fondos de la pensión; compañías de seguros e intermediarios; intercambiadores de dinero; corredores / agentes de valores; emisores de crédito y vendedores / canjeadores de cheques de viajero y giros postales; administradores de confianza; intermediarios financieros y gestores de activos; promotores / agentes inmobiliarios; fabricantes, vendedores y distribuidores de armas; comerciantes de arte, joyería y metales preciosos; Casas de Empeño; concesionarios de automóviles; casinos y entidades de juegos electrónicos; ONG que reciben fondos de jurisdicciones de alto riesgo; abogados; notarios públicos; y contadores.
Costa Rica coopera eficazmente con las fuerzas del orden público de EE. UU., reconoce el reporte, a través de las oficinas de cooperación internacional en instituciones clave.
El informe norteamericano lamenta que a pesar de los esfuerzos concertados para aprobar la legislación de decomiso de activos, Costa Rica sigue siendo un caso atípico regional por carecer de una ley independiente, lo que obliga a depender de los artículos del crimen organizado existente.
Costa Rica no tiene un marco legal adecuado para la confiscación de activos sin condena ni disposiciones para compartir activos. Si bien persisten los desafíos, la voluntad política dentro de los poderes ejecutivo y legislativo para corregir este vacío se ha intensificado, y la oficina del fiscal aprovecha cada vez más la ley del crimen organizado existente para incautar activos ilícitos, añade el reporte.
Según dicho informe, Costa Rica no regula las monedas virtuales, y la mayor popularidad de las criptomonedas presenta un desafío adicional de aplicación para las autoridades locales.
Presionan por jurisdicción especial contra el crimen organizado
El reporte estadounidense destaca la ausencia en el país de una ley de jurisdicción especial para el crimen organizado.
Dicha ley, cita el informe, que se proyectó funcionar en octubre de 2019 se pospuso por restricciones presupuestarias. Los niveles de dotación de personal en la Fiscalía Especial de Costa Rica para el Lavado de Dinero (SPOML) permanecen generalmente estables, mientras que el número y la complejidad de los casos de lavado de dinero aumentan. Hubo más de 300 casos activos a septiembre de 2019.
Veinte casos concluyeron durante este período, resultando en 12 condenas, un tercio de declaraciones de culpabilidad, detalla el informe.
Los fiscales –agrega– deben continuar demostrando un vínculo directo entre el delito predicado y los activos ilícitos; y los largos tiempos de espera para renunciar a las disposiciones de secreto bancario complican aún más las investigaciones.