Edgar Fonseca, editor/Foto Twitter FiscalíaCR
La Fiscal General, Emilia, Navas, aseguró este lunes que no hay evidencia de que haya sido borrada información de las computadoras y dispositivos decomisados el viernes anterior en los allanamientos en Casa Presidencial y otros sitios por las investigaciones de la cuestionada Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
“No hay ninguna evidencia, hoy día, de que se haya eliminado información de las computadoras o dispositivos electrónicos que tenemos secuestrados”, ratificó Navas ante los medios.
“Eso se va a determinar en el momento en el que se haga el respaldo formal, la apertura de la evidencia, que nos dé la información por parte de la sección de delitos informáticos del OIJ”, aseveró.
“Entonces, no hay que hacer, por ahora, ese tipo de informaciones porque nada apunta a que, efectivamente, se halla desaparecido, intentado borrar o borrado y lo importante es que esos rastros también quedan, en caso de que se haya hecho”, insistió Navas quien el viernes 28 de febrero junto a los cinco magistrados de la Sala III Penal de la Corte Suprema de justicia y al menos 45 oficiales del OIJ allanaron oficinas de Casa Presidencial ligadas a la pesquisa.
Alvarado no estaba
Navas confirmó que el presidente Carlos Alvarado, quien no se encontraba en la Presidencia al momento del allanamiento, luego llegó tras solicitárselo la Fiscala.
Según Navas, cuando llegaron a la Presidencia y se percataron que no estaba Alvarado, le indicaron a una asistente presidencial, que le informara al mandatario de la diligencia judicial.
“Se le solicitó a doña Silvia Lara–asistente presidencial– que se comunicara con él y le informara que tenía derecho de estar presente en la diligencia de allanamiento de su oficina, pero que, además, era de interés de la Fiscalía General que estuviera presente, entonces él accedió a apersonarse a la Casa Presidencial”, detalló Navas.
El gobernante se hizo presente antes del mediodía.
Al mandatario le decomisaron una computadora, dos celulares, uno personal y otro laboral.
Tras los allanamientos, 10 en total que se extendieron de viernes a sábado, las autoridades decomisaron nueve computadoras y nueve celulares.
De otros decomisos, la Fiscala Navas confirmó que al ministro de la Presidencia, Víctor Morales le decomisó un celular y dos computadoras.
A los demás investigados les requisaron al menos una computadora y un celular.
Ministro admite “torpeza política” con operación de dicha agencia
En el ojo de la tormenta por la cuestionada operación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, admitió esta mañana de lunes ante el plenario legislativo la “torpeza política” en que incurrió el gobierno al crear y regir dicha agencia bajo decreto.
Tras un tenso fin de semana, luego del allanamiento de la Fiscalía a la sede de la Presidencia, el ministro Morales dio por primera vez la cara en medio del torbellino que se desató tras conocer el país la operación de dicha unidad.
“Debo reconocer la torpeza política cometida al emitir un decreto de institucionalización de este equipo de trabajo que, debido a sus imprecisiones, desató un clima de intranquilidad que ha activado los más importantes mecanismos de control de la administración y de la sociedad”, afirmó Morales.
Morales y el presidente Alvarado figuran como acusados por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos confidenciales.
Aparte de ambos jerarcas hay otros cinco acusados.
Según el ministro Morales, este caso se ve opacado por “exageraciones, especulaciones y mentiras”.
No hubo acceso a datos sensibles
El ministro Morales negó que dicha agencia haya tenido acceso a reportes financieros de los ciudadanos como salarios, cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
Tampoco tuvieron acceso a datos médicos, insistió.
“El grupo de procesamiento de datos de Casa Presidencial nunca tuvo acceso a información de tarjetas de crédito, salarios, cuentas bancarias, antecedentes judiciales o médicos, información de carácter fiscal o bancario, o información de las redes sociales”, aseguró.
“Tampoco –dijo– realizó ni tuvo equipos para realizar escuchas telefónicas, intervenciones telefónicas, ni cámaras de vigilancia”.
Tras los allanamientos
La comparecencia de Morales, que4 continuaba esta tarde, es el primer acto público de un jerarca de gobierno frente al escándalo.
La Fiscalía General tramita una investigación por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
Dentro del expediente –según la Fiscalía– son investigadas ocho personas de apellidos Alvarado Quesada, Morales Mora, Soto Castro, Madrigal Rivas, Villalobos Villalobos, Fernández Montero, Salazar Muñoz y Salas Hernández.
Según la investigación de la Fiscalía, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una Unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal.
