Edgar Fonseca, editor
Tras un año de resistencia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron este lunes acatar una orden de la Contraloría General de la República para ajustar a la ley fiscal el pago de salarios y de la cesantía en el Poder Judicial.
“El pago salarial de los servidores y servidoras judiciales se cancelarán de forma nominal a la base y el pago de la cesantía bajará a 8 años, tal como lo indica el Título Tercero de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, informó un comunicado del Poder Judicial divulgado a las 4:52 p.m.
Así indica la parte dispositiva de lo acordado por los magistrados esta tarde:
En razón de que existe pendiente de resolver una acción de inconstitucionalidad contra lo resuelto por esta Corte en acuerdo firme de la sesión N° 11-2019 del 18 de marzo de 2019, artículo XIV y en atención a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en resolución R-DC-13-2020 de las quince horas del veinticinco de febrero de dos mil veinte, se acuerda:
-1.) Acatar lo resuelto por la Contraloría General de la República e implementar conforme a lo ordenado por el órgano contralor y al plan de trabajo presentado por la Presidencia de la Corte, lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635.
-2.) Dictar como medida cautelar, la suspensión del artículo XIV, de la sesión de Corte Plena N° 11-2019 de 18 de marzo de 2019, a la espera de lo que resuelva la Sala Constitucional.
3.) La Presidencia de la Corte con la colaboración de la magistrada Chacón y de los magistrados Solís, Sánchez y Olaso, darán seguimiento a la ejecución del plan de trabajo presentado a la Contraloría General de la República.
Lo resuelto por Corte Plena se declaró acuerdo firme, informó el comunicado oficial.
Los magistrados y magistradas integrantes de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar en virtud de la acción de inconstitucionalidad pendiente de resolver, agregaron las fuentes judiciales.
