Edgar Fonseca, editor/Foto Asamblea Legislativa
En el ojo de la tormenta, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, admitió la mañana de lunes, ante el plenario legislativo, la “torpeza política” en que incurrió el gobierno al crear por decreto la cuestionada Unidad Presidencial de Análisis de Datos.
Tras un tenso fin de semana, luego del allanamiento de la Fiscalía a la sede de la Presidencia, con la intervención de los cinco magistrados de la Sala III Penal y de al menos 45 oficiales del OIJ, el ministro Morales dio por primera vez la cara en medio del torbellino que se desató tras conocer el país la operación de dicha unidad.
“Debo reconocer la torpeza política cometida al emitir un decreto de institucionalización de este equipo de trabajo que, debido a sus imprecisiones, desató un clima de intranquilidad que ha activado los más importantes mecanismos de control de la administración y de la sociedad”, afirmó Morales.
Morales y el presidente Alvarado figuran como acusados por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos confidenciales.
Aparte de ambos jerarcas hay otros seis acusados.
Según el ministro Morales, este caso se ve opacado por “exageraciones, especulaciones y mentiras”.
No hubo acceso a datos sensibles
El ministro Morales negó que dicha agencia haya tenido acceso a reportes financieros de los ciudadanos como salarios, cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
Tampoco tuvieron acceso a datos médicos, insistió.
“El grupo de procesamiento de datos de Casa Presidencial nunca tuvo acceso a información de tarjetas de crédito, salarios, cuentas bancarias, antecedentes judiciales o médicos, información de carácter fiscal o bancario, o información de las redes sociales”, aseguró.
“Tampoco –dijo– realizó ni tuvo equipos para realizar escuchas telefónicas, intervenciones telefónicas, ni cámaras de vigilancia”.
“La vida íntima de las personas es sagrada e inviolable”, afirmó Morales ante sus colegas diputados, en medio de la mayor tormenta política y judicial a la que se expone esta administración.
Justificó la operación de dicha unidad con fines de evaluar de políticas públicas para gestión de las deuda pública.
Pretendían, alegó, “institucionalizar la ciencia de datos como forma de eliminar sesgos y asegurar el mayor impacto y eficiencia en las actuaciones de las instituciones”.
“Desafortunadamente –dijo– esta discusión se ha dado en medio de exageraciones, especulaciones, sospechas y mentiras”.
“Ha sido claro que las diferencias arraigadas en la sociedad no han resistido la tentación de contaminar un debate que, como cualquier otro, debe basarse en hechos contrastables y verificables para alcanzar la verdad”, añadió el funcionario.
“No pretendemos, de modo alguno, que se disculpe sin más el error cometido y reiteradamente reconocido de publicar un decreto técnicamente débil e inexacto”, puntualizó Morales.
Tras los allanamientos
La comparecencia de Morales fue el primer acto público de un jerarca de gobierno frente al escándalo y los 10 allanamientos ejecutados el viernes 28 de febrero por la Fiscalía, los magistrados y policías en Casa Presidencia, el Ministerio de Planificación y cuatro casas de habitación.
La Fiscalía General confirmó que tramita una investigaciónpor los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
Dentro del expediente –según la Fiscalía– son investigadas ocho personas de apellidos Alvarado Quesada, Morales Mora, Soto Castro, Madrigal Rivas, Villalobos Villalobos, Fernández Montero, Salazar Muñoz y Salas Hernández.
Según la investigación de la Fiscalía, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal.
La Fiscalía presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto.
Al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley, ratificó el informe divulgado el viernes por la Fiscalía.
