Edgar Fonseca, editor/Google Images con fines ilustrativos
La Gerencia General de la CCSS califica como “confidencial” la información alusiva a la orden de esa instancia de separar al gerente de logística, Luis Fernando Porras, al asesor Hans Vindas Céspedes y a otro funcionario, no identificado, a quienes se les sigue proceso administrativo por dos cuestionadas adjudicaciones de compra de mascarillas sanitarias por $4 millones.
“Este Despacho le comunica que la información requerida por el medio de comunicación Puro Periodismo reviste carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de General de Control Interno N° 8292, y 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422, ante lo cual, no será posible facilitar documentación referente a la instrucción administrativa, durante el desarrollo de las etapas, a saber, las medidas cautelares, la investigación preliminar, la decisión y el acto de inicio, la audiencia oral, prueba, el acto final y los recursos”, cita una respuesta de la gerencia general ante petición informativa de este editor.
“Lo que podemos informar –añadió– es que esta Gerencia General mediante el oficio No. GG-2375-2020 ordenó la instrucción del procedimiento administrativo, así como su carácter instrumental y accesorio de la medida cautelar contenida en el oficio No. GG-2355-2020, siendo entonces que, hasta que quede firme la resolución final que se dicte por el órgano competente, estaría la Caja Costarricense de Seguro Social limitada para dar a conocer información relacionada con el presente asunto dentro del marco de legalidad”.
El Gerente de Logística, Porras, el asesor Vindas y un tercer funcionario, no notificado, fueron suspendidos desde el martes 18 de agosto por cuatro meses de sus puestos en medio de las denuncias por cuestionadas adjudicaciones de compras millonarias de mascarillas sanitarias para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, informó oficialmente la entidad.
12 millones de mascarillas por $4 millones
Las adjudicaciones cuestionadas, por 12 millones de mascarillas y por un monto de $4 millones, fueron otorgadas a David Landergren Castro, contador público y a la firma MR Comunicaciones Políticas de la periodista Miren Martínez Ruiz, según reveló el diario La Nación.
La medida cautelar en el caso de los funcionarios separados fue anunciada por la gerencia general de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Confirmaron la separación temporal de Porras, de Vindas y del tercer funcionario, quien al momento de hacer pública la medida no había sido notificado.
La resolución administrativa GG-2355-2020 fue notificada y busca garantizar la transparencia en el proceso de investigación que se realiza por la contratación de mascarillas médicas descartables efectuada mediante la contratación directa 2020-CD-00093-5101, citó un comunicado de la institución sumergida en el peor escándalo de manejo de recursos en medio de la pandemia.
Las denuncias son investigadas por el Ministerio Público, la Asamblea Legislativa, y dos auditorías, una interna de la CCSS y otra de la Contraloría General de la República.
Según la entidad, la suspensión temporal de los cargos se ejecuta en apego de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores.
El gerente general, doctor Roberto Cervantes Barrantes, confirmó, al momento de dicho anuncio, que se estará tramitando el inicio de un procedimiento administrativo ante el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) de la CCSS para determinar la verdad real de los hechos.
En manos de la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción anunció el 5 de agosto que investigará la cuestionada adjudicación de las dos compras de mascarillas sanitarias.
“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) informó que inició una valoración de los hechos expuestos por medios de comunicación y determinó abrir una investigación de oficio, bajo la causa 20-000122-1218-PE, en relación con presuntas irregularidades en la Caja Costarricense del Seguro Social, respecto a la compra de mascarillas”, confirmó en esa fecha Sharon Hernández, portavoz de la Fiscalía.
“De momento, la (FAPTA) tramita el caso contra ignorado, es decir, no hay personas imputadas individualizadas. El expediente se encuentra en una etapa que es privada, por lo que, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no es posible brindar más detalles”, agregó la fuente oficial.
“Desde la presidencia ejecutiva de la CCSS nos parece positivo que la Fiscalía inicie esta investigación de las compras, en momentos en que también realizan investigaciones la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría Interna de la Caja”, reaccionó ese día Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, ante la intervención de la Fiscalía.
Las autoridades pueden revisar, dice gerente
El gerente Luis Fernando Porras dijo el miércoles 5 de agosto que las autoridades pueden revisar los expedientes de las cuestionadas adquisiciones.
“Estamos a la disposición de las autoridades que quieran revisar los expedientes. Este es un proceso que es transparente y es abierto y está publicado”, respondió Porras cuando este editor le planteó, en la conferencia de prensa diaria, sino consideraba prudente poner dichos casos a disposición de la Fiscalía.
“Hemos trabajado de manera transparente y de manera profesional”, afirmó.
“En el tema del monto cancelado de las dos ordenes de compra, una está en proceso de resolución de contrato por incumplimiento de entrega, no se ha pagado absolutamente nada y la otra ha hecho tres entregas que están en proceso de pago”, aclaró.
“Y con el tema de presentar la renuncia pues creo que hemos trabajado de manera transparente y de manera profesional y no es un tema que esté considerando en este momento”, dijo Porras cuando se le planteó si, en razón de la controversia, no consideraba conveniente poner su cargo a disposición de las altas autoridades”.
