Edgar Fonseca, editor/Foto diario La Prensa, Ciudad Panamá
La Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá pidió asistencia judicial ante Costa Rica para que se le brinde información de cuentas bancarias “de sociedades constituidas para blanquear dinero” en las investigaciones del escándalo de supuestos sobornos de la constructora española FCC, informa el diario La Prensa de Ciudad Panamá.
En San José, ante una reciente consulta de este editor, la Fiscalía respondió que aún no hay imputado identificado en la causa que se sigue en nuestro país por supuestos pagos indebidos en conexión con proyectos locales de obra pública.
“De acuerdo con su consulta, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que, dentro de la causa de su interés, se investiga un presunto delito de corrupción. De momento, el caso se tramita contra ignorado, es decir, no hay personas imputadas individualizadas”, respondió Sharon Hernández, portavoz de la Fiscalía, el 19 de agosto ante nuestra consulta.
A la Fiscalía se le pidió información del avance de causa que se tramita bajo el expediente 19-000166-1218-PE desde julio 2019.
Entre otras consultas, a la Fiscalía se le planteó:
-¿Cuáles son los proyectos públicos desarrollados por esta firma en el país que se investigan en relación con esta causa?
-¿Hay imputados?
-¿Han declarado?
-¿Son funcionarios públicos?
-¿Han sido llamados personeros de la empresa a rendir declaración?
-¿Se tiene estimado el monto del soborno acusado en Costa Rica?
5 gestiones de asistencia judicial
En Panamá, según el diario La Prensa, la Fiscalía Especial Anticorrupción ha girado cinco asistencias judiciales relacionadas a la investigación por posible pago de sobornos para la construcción del corredor vía Brasil Tramo II, adjudicado a la empresa española Fomentos de Construcciones y Contratas (FCC) durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
Dos de estas asistencias se han solicitado a Suiza, una a Costa Rica, una a España y otra a Países Bajos. Todas están pendientes de diligencias por las autoridades, agrega La Prensa.
Fuentes del Ministerio Público detallaron que la asistencia dirigida al Reino de España tiene como propósito recibir los descargos de un excolaborador de la empresa constructora, quien ha sido vinculado al proceso.
Mientras que en las otras asistencias se solicita información de cuentas bancarias “de sociedades constituidas para blanquear dinero”, según las pesquisas de la fiscalía.
Por el momento –según dicho medio–en esta investigación no hay cuentas aprehendidas a ninguna de las 14 personas que se le han imputados cargos por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Sin embargo, de la Fiscalía explicaron que dado que los imputados son investigados en otros procesos ya se le han aprehendido sus cuentas. Incluso, algunos han pactado acuerdos de pena o colaboración eficaz.
Antecedentes y situación actual
Según el expediente del caso, iniciado el 19 de mayo de 2017 a raíz de una auditoría de la Contraloría General de la República y a cargo de la fiscal Ruth Morcillo, hubo sobrecostos por $41.7 millones y se sospecha del pago de coimas (sobornos) millonarias. La obra fue licitada por $174.5 millones, pero terminó costando $216.2 millones, consigna el diario panameño.
Entre las diligencias pendientes se encuentra la ejecución de una asistencia judicial para recibir los descargos del actual representante legal de FCC.
La fiscal de la causa –añade el medio– también espera que el pleno de la Corte Suprema de Justicia resuelva un amparo de garantías planteado por la fiscalía. El recurso fue presentado el 29 de abril de 2020 luego de que el Segundo Tribunal Superior emitió un fallo el 30 de enero pasado que anuló la declaración de causa compleja y el año de prórroga que le había otorgado el 6 de diciembre de 2019 el Juzgado Undécimo penal para investigar.
Parte del expediente declarado nulo contiene las delaciones de Julio Casla y Eugenio del Barrio, exdirectivos de FCC.
FCC supuestamente pagó coimas sobre la base del 10% de los contratos adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas de Panamá, entre 2009 y 2014, para el reordenamiento vial en la capital.
Entre los investigados están el exministro del MOP, Federico Suárez; el exjefe de Operaciones del MOP Jorge Churro Ruiz y el abogado Mauricio Cort. Además cuatro exdirectivos de la constructora FCC, cuatro exfuncionafios, entre otros particulares., agrega el diario La Prensa.
Ver: diario La Prensa, Ciudad Panamá
