Edgar Fonseca, editor
Al menos 27 individuos ligados a la extracción ilegal y exportación de oro desde Crucitas, Cutris de San Carlos, fueron capturados en 32 allanamientos ejecutados por agentes judiciales y fiscales en distintos puntos del país esta mañana de jueves, confirmó la Fiscalía y el OIJ.
El monto del oro extraído y exportado se calcula inicialmente en $60 millones, aseguró Walter Espinoza, director del OIJ.
Las capturas y allanamientos se dieron tras dos investigaciones que iniciaron en abril 2019.
“Logramos establecer que hay un grupo de personas, que se dedican de manera articulada y profesional a la adquisición del oro que los coligalleros extraen del sector de Crucitas”, ratificó Espinoza.
“Adicionalmente –dijo– pudimos establecer que hay una capa intermedia de personas que se dedican a compilar o almacenar el oro que se extrae de distintas fincas en el cantón de San Carlos”.
“Establecimos que hay un grupo de transportistas, de comerciantes y de personas que una vez que tienen acceso al oro, lo transforman, lo funden y lo reportan en documentos únicos aduaneros para posteriormente sacarlos del país”, afirmó el jerarca policial.
Las operacones policiales contra la banda continuaban esta mañana.
Se buscan ejecutar unas 35 detenciones, según trascendió.
Según el informe oficial, los operativos están a cargo de agentes de la Sección de Legitimación de Capitales, en conjunto con el OIJ de Los Chiles, y contemplaban 33 allanamientos relacionados con el delito de Infracción a la Ley de Minas y Legitimación de Capitales.
Sospechas en aeropuerto
La investigación, amplió el OIJ– inició en abril del 2019, cuando recibieron información por parte del Servicio de Vigilancia Aérea, sobre la importante cantidad de oro que se estaba exportando de forma lícita desde Costa Rica hasta Estados Unidos a través del aeropuerto internacional Santamaría, por lo que iniciaron las investigaciones logrando obtener datos que indican que en apariencia parte de ese oro se extraía de forma ilícita de los sectores de Crucitas y Corcovado.
Los allanamientos de esta mañana se dieron en los sectores de San Carlos, Pocosol, Cutris, San Ramón, Heredia, Alajuela, San José, Puntarenas, Abangares y Corcovado.
Lo convertían en lingotes
Coligalleros nacionales y foráneos extrajeron oro de Crucitas, Abangares y el Parque Nacional Corcovado; mineros locales del sector de Guanacaste lo procesaron y lo convirtieron en lingotes; luego lo exportaron a Estados Unidos o lo trasladaron clandestinamente a Nicaragua. Esa es la hipótesis de la Fiscalía y la policía judicial en la investigación que llevan a cabo y que generó hoy la ejecución de los 32 allanamientos, en fincas, casas, oficinas de empresas y lugares de extracción y procesamiento de material minero, ubicados en Heredia (San Isidro, Santo Domingo y Guararí), Montelimar de Goicoechea, San Pedro de Montes de Oca, Escazú, San Sebastián, Barrio Escalante, Pocosol, Coopevega, San Ramón, Abangares y Puerto Jiménez, informó oficialmente el Ministerio Público.
Según la Fiscalía, estas actividades ilícitas condujeron al lavado de dinero.
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes reportó que, entre el 2018 y el 2020, el grupo criminal exportó oro a Estados Unidos por un monto aproximado de ¢2.000.000 000.
Esa cifra –según el ente acusador– fue fijada a partir de los valores consignados en los documentos aduaneros de exportación, a lo cual habría que sumar el precio final cancelado por los compradores en el país destino.
Las autoridades confirmaron la detención de al menos 27 personas sospechosas de cometer distintas conductas, como delitos mineros, ambientales y legitimación de capitales. En los lugares allanados se ha logrado el decomiso de lingotes de oro, dinero en efectivo y droga. Este último caso, al tratarse como un hallazgo dentro del operativo, será asumido por la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos.
Una compleja operación secreta en medio de la pandemia
La Fiscalía destacó que las funciones identificadas a la organización van desde la administración de fincas en Crucitas, la obtención del material sustraído en forma de sedimentos o procesado, venta del mismo, almacenamiento del oro en casas, y testaferros, hasta encargados de hacer informes contables y financieros, producto de la adquisición y venta del oro obtenido.
Parte de los sospechosos se encargaban de financiar las compras de ese material a cambio de algún beneficio patrimonial y brindaban pruebas falsas de ventas de ganado, para que otros imputados pudieran justificar en los bancos las cantidades de dinero que recibían producto del lavado de este.
El reporte oficial sostiene que a otros de los detenidos se les atribuye el procesamiento del oro y exportación para empresas ligadas a esta organización criminal, las cuales sacaban del país el material en lingotes, por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La exportación se hacía bajo la falsa justificación de que era oro chatarra. Debido al cierre de fronteras y del aeropuerto Santamaría, como medidas para mitigar la pandemia, el grupo modificó su actuar, teniendo que utilizar distintas empresas dedicadas al transporte de mercancía al exterior, para asegurar la continuidad de la exportación del oro y las actividades de legitimación de capitales.
La investigación logró detectar miembros del grupo que asesoraban en materia financiera y contable a los encargados de estos roles, y se registró a uno de ellos en una sociedad que indicó, de manera falsa, dedicarse a la venta de oro chatarra. También se descubrió la emisión de facturas falsas, para darle apariencia lícita al lavado de dinero que realizaba el grupo criminal.
Según la Fiscalía, un funcionario público de la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, al cual se le encargó el asesoramiento a otros miembros de la organización, para que pudieran ocultar la ilicitud de las transacciones a las autoridades de Hacienda.
Las autoridades también comprobaron que las sustancias químicas con las cuales los coligalleros extraían el oro, como mercurio y cianuro, eran enviadas hasta Crucitas, desde San José, por otros de los imputados.
Tras los allanamientos y capturas, la Fiscalía informó que no a todas las personas detenidas se les solicitará medidas cautelares, por atribuírseles conductas menos graves y por contar con arraigos procesales, pero quedarán en calidad de imputadas.
Fiscales e investigadores analizarán cada caso particular para determinar a quiénes sí debe solicitar medidas cautelares.
Tras las acciones de esta mañana de jueves, la Fiscalía externó su preocupación por el problema social, económico, de salud pública y ambiental que rodea las zonas de Crucitas, Abangares y el Parque Nacional Corcovado, y advirtió que, lamentablemente, este no finalizará con los operativos realizados hoy.
El caso se investiga bajo el número de expediente 19-004389-0042-PE.
