Edgar Fonseca, editor/Foto Twitter Fiscalía
Un total de 100 denuncias por supuestos delitos de corrupción en la función pública fueron presentadas en 2019 por la Fiscalía de Anticorrupción, reveló hoy la Fiscal General Emilia Navas.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción presentó 100 acusaciones con solicitud de apertura a juicio por delitos de corrupción, ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, lo que representa un aumento significativo respecto a los últimos años (2015: 13; 2016:16; 2017: 34; 2018: 65), destacó Navas en un espacio de rendición de cuentas públicas esta mañana de miércoles.
Salto del 80% en 5 años
Las denuncias por supuestos casos de corrupción crecieron 80% en los últimos cinco años, según los datos revelados hoy.
En el 2015 –según el reporte oficial– ingresaron 146 expedientes por presuntos actos de corrupción de gran impacto para el país, para el 2019 el ingreso fue de 740, un crecimiento de 590 nuevos casos.
“Si se toma como referencia el 2015, el año pasado se aumentó en cinco veces la cantidad de denuncias recibidas en la Fiscalía Anticorrupción, por presuntos actos de corrupción en el sector público, siendo la mayoría de estos de carácter muy complejo y de un impacto muy alto para el desarrollo del país”, enfatizó Navas.
“No es posible establecer –agregó la jerarca– si antes o en la actualidad se comete mayor número de delitos”.
“Lo que sí creemos es que el trabajo serio, comprometido y objetivo que ha realizado la institución ha incrementado la confianza de la población para denunciar, ya sea de manera pública o por medio de mecanismos que protejan a la persona denunciante, como la denuncia confidencial”, afirmó.
66 casos de jerarcas públicos
La Fiscal Navas tramitó en dicho periodo 66 casos contra personas que integran los Supremos Poderes, que gozan de inmunidad y que la Ley faculta únicamente a la Fiscala General de la República a hacer la investigación.
Según el informe brindado, al despacho de la Fiscalía General, ingresaron 93 expedientes en el 2019.
El mayor volumen de estos correspondió a delitos de prevaricato (19,6%, resoluciones en contra de la Ley); incumplimiento de deberes (15,7%); tráfico de influencias (8,6%); y enriquecimiento ilícito (7%), destacó la funcionaria.
Del total de casos resueltos para ese mismo período, en seis se formuló acusación y se pidió el auto de apertura a juicio; en cuatro se solicitó sobreseimiento a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; y en 56 expedientes se requirió al órgano jurisdiccional la desestimación de las causas penales, principalmente porque los hechos denunciados no se ajustaron a algún delito establecido en la Ley, añadió el informe.
La Fiscal Navas ratificó la prioridad que decidió al iniciar funciones de emergencia en 2017.
Por el daño económico y social que causa la corrupción y que afecta a toda la población, en el 2019, Navas dictó una política de persecución penal enfocada en la tramitación prioritaria de actos de corrupción en 10 áreas específicas: salud, medio ambiente, educación pública, régimen municipal, telecomunicaciones, infraestructura vial, cooperativismo, financiamiento de partidos políticos, corrupción transnacional y actos cometidos por funcionarias y funcionarios judiciales, destacó el informe dado a conocer.
“La política lo que viene a hacer es priorizar el abordaje de casos cuyos efectos son de alto impacto para el desarrollo del país, porque, aunque se tiende a creer que el único perjudicado con los efectos de la corrupción es el gobierno, lo cierto es que cada persona del país se afecta de manera directa con los recursos que son desviados o sustraídos durante los actos delictivos, lo que implica menor inversión en sectores como educación, infraestructura y salud, por citar algunos”, aseveró Navas.
Casos crecieron 12% en ultimo año
En 2019 hubo un aumento del 12% en el ingreso y la tramitación de casos en todas las fiscalías del país, respecto al 2018. Mientras el año tras anterior reportó un total de 270.613 expedientes, el pasado hubo 302.135, destacó la Fiscalía.
“Al finalizar el 2019, se logró concluir el 75% de causas penales, lo que significa que siete de cada 10 casos tuvieron algún tipo de resolución, con base en la prueba que se llevó al proceso, junto con el Organismo de Investigación Judicial o la policía correspondiente”, dijo Navas.
Según el desglose de resultados del 2019:
-11% (24.562) se resolvió con acusaciones y solicitudes de apertura de juicio
-34% (77.152) con peticiones de desestimación
-6% (13.877) con solicitudes de sobreseimiento definitivo
-23% (59.528) con archivos fiscales. El 26% restante obedeció a resoluciones con medidas alternas al proceso (conciliaciones, suspensión del proceso a prueba, etc), pago de multas o criterios de oportunidad.
En cuanto a juicio informó la Fiscalía, el 64% de estos resultó con una sentencia condenatoria. El porcentaje incluye los procedimientos abreviados, que se dan cuando la persona imputada acepta los cargos atribuidos por el Ministerio Público y recibe una condena sin necesidad de someterse a un debate oral y público.
Las sentencias absolutorias representaron el 32%, y un 4% correspondió a juicios en los que se condenó a algunos imputados pero se absolvió a otros, según el informe del ente acusador.
