Edgar Fonseca, editor/Foto diario La Prensa, Ciudad Panamá
Carlos Cerdas (constructora Meco); Juan Rodríguez (constructora Rodsa); y Alberto Jurado (Bagatrac), entre otros, revelaron a fiscales que El Churro Ruiz les exigió un porcentaje –que oscilaba entre el 5% y el 10%– del valor bruto de sus contratos con el Estado, cita un informe del diario La Prensa de Ciudad Panamá.
El informe se refiere a investigaciones de autoridades de ese país, de alegados sobrecostos de hasta $318 millones, en cinco obras públicas clave adjudicadas durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, por un monto de $2.020 millones.
En el reportaje publicado este martes 1 de setiembre, el diario La Prensa de Panamá consigna declaraciones atribuidas a Jorge Churro Ruiz, exdirector de Administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de dicho país, preso y acusado por supuesto peculado y corrupción.
Con un hijo de expresidente Martinelli
En su confesión a los fiscales –agrega el diario– El Churro narró que “a finales del año 2010, fui contactado por Rica [Ricardo Alberto] Martinelli, el hijo del presidente Martinelli, y me habló en su oficina en Monte Oscuro, de una operación de algunos contratistas, que en ese momento habían ganado licitaciones en el Ministerio de Obras Públicas. Esa operación consistía inicialmente en que yo le tenía que dar una serie de instrucciones a los contratistas Rodsa, Bagatrac, Meco, GS Contractor y Conalvías, que él me daría instrucciones previamente, referente de a dónde mandar dinero, de no hacerlo se les dificultarían las cosas…”.
El método –añade el medio– consistía en presionar a las empresas con amenazas –tal como lo hizo Cort con FCC– hasta convencerlas de entregar dinero extraído de las arcas del Estado, mediante el sobreprecio de cada una de sus obras públicas, adendas o cualquier dinero adeudado. Casla, el delator español, así lo expuso: “Fue una imposición [el pago del 10% de coima] que se nos transmitió, y que, de no acceder a ella, no cobraríamos lo que se nos adeudaba y nos dificultaría la tramitación de todos los expedientes, y a la postre no podríamos volver a trabajar en Panamá”.
En el caso de Blue Apple, el método no varió, salvo por el personaje que empuñaba el garrote, cita La Prensa.
Al caso Blue Apple, de supuestos pagos anómalos, fue vinculado el empresario Cerdas. Por un acuerdo con la Fiscalía en 2017 quedó fuera de la causa judicial.
En otro informe sobre los pagos investigados publicado el 30 de agosto, el diario también menciona a dicho empresario.
En el período presidencial 2009-2014 –correspondiente al de Ricardo Martinelli– se llevaron a cabo diversas obras, especialmente, viales, por las que se cobraron coimas, menciona el medio.
En la lista de los que supuestamente confesaron el pago de tales coimas –informa La Prensa– figuran, por ejemplo, Carlos Cerdas, presidente de Meco –una de las principales constructoras de Costa Rica–; Juan Rodríguez, presidente de Constructora Rodsa; Alberto Jurado, presidente de la constructora Bagatrac; y César Jaramillo, de Conalvías. También André Rabello, de Odebrecht –principal contratista del Estado en esa época– y ahora, dos exejecutivos de FCC, empresa española que entre 2009 y 2012 obtuvo contratos de obras públicas en Panamá que sumaron más de $1.900 millones.
PuroPeriodismo trató de buscar una reacción del empresario Cerdas a estas recientes referencias, pero no se había obtenido respuesta al momento de esta publicación.
Hace un año, voceros de la firma Meco dijeron a este editor que Cerdas quedó fuera de la causa judicial del denominado caso Blue Apple en que las autoridades panameñas investigaban supuestos sobornos por la adjudicación de obras públicas.
En el caso de Cerdas, las autoridades judiciales de Panamá ratificaron un acuerdo a que llegó el empresario el 11 de diciembre de 2017 con la Fiscalía Sexta Anticorrupción mediante el que no se seguiría causa en su contra ni en contra de la constructora, se informó el 17 de setiembre del año anterior. Ver: PuroPeriodismo.com
Una licitación, una patraña, dice diario
El 11 de febrero de 2011, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) –dirigido en ese entonces por Federico José Suárez– celebró un acto múltiple de licitación pública, a fin de recibir las propuestas técnicas y económicas de las empresas interesadas en ejecutar la segunda fase del plan de reordenamiento vial de la ciudad de Panamá. Cinco obras fueron ofrecidas por el MOP en esa ocasión, amplía el diario panameño.
Semanas después –agrega dicho medio– –a finales de marzo– el MOP, tras supuestas evaluaciones técnicas y económicas de los oferentes, reveló los ganadores: el Consorcio Ica-Meco (ensanche de la avenida Domingo Díaz, a un costo inicial de $238 millones); FCC (el Corredor Vía Brasil, tramos I y II, adjudicado por $360.3 millones); y Odebrecht ( preservación del Patrimonio Histórico, por $168.6 millones, y la tercera fase de la Cinta Costera, a un costo inicial de $777 millones).
Pero esta licitación fue una patraña. No hubo tal concurso de precios ni ganó la mejor oferta. Cada “ganador” sabía de antemano qué proyecto le sería adjudicado. Los oferentes ajenos a este pacto de recámara fueron descalificados. Y para colmo de males, eventualmente estas obras –que en ese momento representaban una inversión de $1.570 millones– terminaron costando $2.020 millones al entregarse, enfatiza el diario.
En el caso del corredor Vía Brasil, tramos I y II, obra concedida a FCC, delatores han indicado en España que en el valor de adjudicación de estos proyectos ya iba incluido un sobreprecio, aunque resultó ser mayor del 10%, como se verá. Probablemente, la coima proyectada alcanzaría los $50 millones.
El impuesto de la coima
En abril de 2017 –cinco años después de la adjudicación de todas estas obras–, la Contraloría General de la República (CGR) divulgó un informe que no tomó a nadie por sorpresa. El rumor de coimas y sobrevaloración de estas obras no era cosa desconocida.
Pero el informe de auditoría de la Contraloría vino a corroborar las sospechas: las cinco obras citadas nacieron con el pecado original: sobreprecios, según La Prensa.
Según la CGR, los precios de referencia “establecidos por el MOP se encontraban por encima de la realidad de los precios que estima la industria para el mercado de la construcción de infraestructura para el sector público”. La sobrevaloración calculada por la institución era de $318 millones para los cinco proyectos.
Se ignora –reseña el diario– de quién fue la idea del reordenamiento vial que ejecutó el ministro Suárez desde 2011. Lo que sí parece estar claro es que en muy poco alivió la razón formal por la que se hicieron estas obras: el embotellamiento vehicular. También parece muy claro que en el tema de la vialidad no había movimiento sin que mediara el cobro de coimas. Los ejemplos sobran, y no porque alguien lo dijo, sino porque hay numerosos confesos y documentación bancaria que avala las confesiones.
Julio Casla, exdirector para Centroamérica de FCC, confesó el año pasado a fiscales en España el pago de coimas a funcionarios del gobierno de Martinelli. “Fue una imposición que se nos transmitió y que, de no acceder a ella, no cobraríamos lo que se nos adeudaba y nos dificultaría la tramitación de todos los expedientes y, a la postre, no podríamos volver a trabajar en Panamá. Esto no fue una cosa puntual, sino que se nos repitió en más de una ocasión. Nos indicaron que la persona a través de la cual se llevarían estas cuestiones y se tratarían estos asuntos sería con el ministro [de Obras Públicas] Federico José Suárez”, reveló Casla, según La Prensa.
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Cerdas fuera de causa judicial
El empresario costarricense Cerdas Araya, de la constructora Meco, quedó fuera de la acusación por supuestos sobornos conocido como escándalo Blue Apple en Panamá, confirmaron fuentes de la compañía en setiembre de 2019.
En dicho escándalo las autoridades panameñas investigan sobornos por unos $78.3 millones, informó en aquel momento el diario La Prensa de Ciudad Panamá.
Según la Fiscalía, recuperaron unos $35 millones en acuerdos con los que llegaron con algunos de los imputados, informó en setiembre, hace un año, La Prensa.
En el caso de Cerdas, las autoridades judiciales de ese país ratificaron un acuerdo a que el empresario llegó el 11 de diciembre de 2017 con la Fiscalía Sexta Anticorrupción mediante el que no se seguiría causa en su contra ni en contra de la constructora.
