Ronny López González, periodista
El principio de justicia tributaria hoy se hace más imperativo que nunca, en un momento de crisis en el que la mayoría de los costarricenses -la clase media- se ha visto golpeada por despidos, reducción de jornadas y los miles que ya habían caído en el desempleo o la informalidad antes de la pandemia.
En el 2018, estuve de acuerdo con la reforma fiscal como un programa integral que más allá de iniciar un proceso de recuperación de las finanzas públicas, representaba la modernización de un sistema tributario y obsoleto con algunos tintes que reforzarían la limitación del gasto público.
Pero hasta ahí. En el 2020 el panorama es distinto. El acuerdo del FMI no puede ser más agresivo que el que enfrentamos en el 2018, al menos para la clase más golpeada. En aquella época no había pandemia ni más de medio millón de costarricenses en desempleo.
Es un hecho que los empresarios y el sector productivo mediano ha sido golpeado también por la pandemia, pero continuamos teniendo grandes capitales intocables al amparo de un Estado que los protege y a costa del empobrecimiento e intentos de desaparecer la clase media del país.
Bajo ese panorama y luego de los posibles acuerdos anunciados por el Gobierno de la República, es necesario discutir propuestas sobre esas mismas o ideas nuevas.
La crítica negativa sin propuestas por delante no hace más que dividir y hoy, todos y todas estamos llamados a construir juntos. Ciertamente estamos a las puertas de un default con una contracción de la economía de 4,3% según el Banco Central, 24,6% de desempleo según el INEC, deuda para cubrir gastos por el 65% del PIB según el BCCR, y con 8,6% proyectado de déficit fiscal para el cierre del 2020 según Hacienda por lo que la línea debe ir en que sí, todos debemos hacer sacrificios de algún tipo, pero los que tienen más, tienen que dar más. Es la base de la solidaridad y la empatía que hoy debemos llevar de frente.
El impuesto a las transacciones bancarias no puede ser a cualquier transacción. La Asamblea Legislativa debe entrar a discutir un mínimo en que se tase el impuesto. Mi propuesta: el impuesto debe ser de 0,5% a 1% a transacciones a partir de un millón de colones y las planillas excluidas. No puede ser posible que cualquier costarricense vaya a comprar su diario, a duras costas con la situación económica, y se le cobre un impuesto solo por pagar con su tarjeta bancaria.
No puede ser posible que un costarricense pague mil colones de un fresco en un minisúper y solo por pagar con tarjeta se le cobre un impuesto. No puede ser posible que solo por sacar su salario del banco se le cobre un impuesto.
Las transacciones mayores a un millón de colones representan grandes movimientos de dinero que diariamente realizan personas físicas o jurídicas en distintas diligencias. Los que tienen más, que den más.
El impuesto de 0,75 a los bienes inmuebles (0,50% para Hacienda y el resto para las municipalidades) es cruel e ingrato. La clase media de Costa Rica -la mayoría de la población- que tiene una casa propia lo hace endeudándose a plazos de hasta 30 años y hacen esfuerzos enormes para pagar la cuota del banco y los impuestos municipales. No es justo que se cargue a los propietarios un impuesto solo por tener su casa propia.
Mi propuesta va en cuatro líneas: se baja el impuesto a 0,50 en su totalidad, es decir, 0,25 para el Ministerio de Hacienda, se propone un impuesto escalonado diferencial de acuerdo con el valor de la vivienda o se tasa el 0,75% para propiedades con valores fiscales o reales por encima de la media. Incluso, revisar el impuesto a las casas de lujo que hace muchos años no se actualiza. Que la carga la llevemos todos, sí, pero los que tienen más, que den más.
Finalmente, y relacionado con lo anterior, no puede ser posible que un líder o lideresa de familia sostenga su hogar con un salario de 840 mil colones y que se le aumente a 12,5% el impuesto sobre la renta, pero además, tenga que pagar otro impuesto cuando saque su dinero del cajero automático del banco.
La propuesta del aumento de impuesto sobre la renta es positiva, pero bien planteada. Desde inicios de la pandemia, hemos tenido discusiones nacionales al respecto. Mi propuesta: debemos volver al escenario de que el piso inicie al salario de 1 millón 500 mil colones con una tasa escalonada diferencial con respecto a los ingresos. No golpeemos a la clase media con su salario en un momento en el que se está luchando por salir adelante.
Por lo demás, es necesaria la suspensión del pago de anualidades por cuatro años, ponerle impuesto sobre la renta al salario escolar, eliminar la exoneración a las cooperativas calificadas como grandes contribuyentes, analizar la fusión de instituciones públicas (como la relacionada con el sector social que pretende reunirlas en una sola entidad, pero que debe ser estructurada en gerencias para que la centralización no signifique un abandono de sus funciones) y reformar el sistema de empleo público que establezca un solo régimen salarial en aras de acabar con privilegios que le hacen daño al erario público.
El anuncio de ayer, más que molestia e indignación por más impuestos, es una invitación categórica a que alcemos la voz con propuestas, no con ataques. El país está en juego en todo sentido.
