Edgar Fonseca, editor
El acuerdo que firmó el canciller tico con su contraparte nica y que permite el ingreso al país de miles de trabajadores “temporales” en las próximas semanas, debe ser revelado y aclarado ante la opinión pública.
No solo porque nuestro máximo jerarca diplomático aceptó reunirse, muy cómodo, con su homólogo, general de una estrella, lugarteniente y cómplice de las más graves violaciones a los derechos humanos que perpetra un día y otro el régimen de Managua, sino porque se trata de un acuerdo que pone al país contra las cuerdas.
Que le sirve en bandeja a un régimen dictatorial, autoritario, corrupto, y traicionero en las relaciones bilaterales, la más fácil de las salidas, a su mayúsculo lío laboral interno.
Un acuerdo con exigencias descaradas como las de que el gobierno de Costa Rica debe respetar los “derechos humanos”, laborales, sociales, de los trabajadores contratados, como si esos derechos no fueran violados a diario en todo el territorio nicaragüense, por ese régimen espurio.
Y el canciller lo firmó…
¿Se rompe con este convenio el cerco de seguridad y sanidad que desde marzo aplica el país, con gran sacrificio para centenares de servidores públicos, en su frontera norte?
¿Se tomó en cuenta, para llegar a este acuerdo, el parecer del ministerio de Seguridad que ha desplegado una labor titánica a lo largo de la frontera para contener el ingreso de miles y miles de migrantes ilegales empujados, expulsados por la miseria y la represión del régimen?
¿Se abren las fronteras de par en par sin tomar en cuenta las advertencias de los principales jerarcas de salud que la mayor amenaza para el país, en medio de la pandemia, está al otro lado de la frontera?
Con un régimen mentiroso y manipulador.
Que niega los siete mil muertos acumulados en sus calles, casas, barriadas.
Con los centenares y miles de entierros exprés, a escondidas, de madrugada.
Con sus hospitales colapsados.
Con el personal hospitalario reprimido, sancionado, perseguido por denunciar el desastre.
Sorprende el candor con que la delegación tica se fue a la cita al otro lado de la frontera y firmó.
Sorprende un convenio que echa al país el peso de la responsabilidad del manejo de un tema bilateral.
Que obliga a Costa Rica a hacerle pruebas covid-19 a dichos trabajadores pero a quienes la dictadura dejará salir sin ningún chequeo previo.
Que advierte que rechazará su retorno y que exige atención de primer mundo en nuestros hospitales y clínicas.
La prensa de la dictadura, que hizo show del acuerdo, destapó algunos de sus entresijos.
Pareciera un convenio montado en el bunker El Carmen, guarida de Ortega y su mujer.
¡Y el canciller lo firmó!
¿Cuál es el límite de trabajadores a los que se les permitirá su ingreso? ¿Mil, diez mil, veinte mil, cincuenta mil, cien mil?
¿Se les exigirá prueba covid negativa al entrar a territorio nacional? ¿Se rechazará a los que vengan contagiados?
¿Se cuenta con el personal migratorio, sanitario, suficiente y requerido para asumir esa nueva tarea?
¿A qué jurisdicción estará limitada la presencia de estas gentes?
¿O, con el permiso vecinal acordado, tendrán carta blanca para desplazarse y sumarse, así, a la oleada de migrantes expulsados por ese nefasto régimen, que ya suma, en los tres últimos tres años, 100 mil, muchos de ellos en condiciones infrahumanas en nuestras calles y barrios?
En fin, ¿por qué la cancillería tica accedió a rubricar, tan solícita, un convenio que, a todas luces, salta leonino…para los cálculos e intereses de Ortega y de su pandilla?
