PuroPeriodismo, Nicaragua/Foto Confidencial, Managua
- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, asume abiertamente posiciones en defensa del caudillo nicaragüense, Daniel Ortega, igual que hacen otros jueces que asisten incluso a actividades políticas. Tienen además sus oficinas decoradas con emblemas del FSLN, denuncia un amplio informe del sitio Confidencial de Managua.
- De 394 jueces en todas las dependencias del país y 64 magistrados en apelaciones, hay unos 320 en ambos niveles abiertamente al lado del oficialismo, mientras los otros deben alinearse o salir del sistema para evitar represalias, detalla dicho medio.
Cocinan leyes represivas de Ortega
Uno de los últimos capítulos públicos de la falta de independencia de la justicia en Nicaragua tuvo como escena un encuentro legislativo con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, en el cual se discutía un proyecto de ley que castiga las noticias falsas, promovido por el gobierno de Daniel Ortega y aprobado con celeridad por diputados sandinistas el año pasado, reseña Confidencial.
A la salida de la comisión a inicios de octubre de 2020, cuando se cumplía con el proceso de consulta con distintos actores, un grupo de escoltas impidió a los periodistas el acceso a la magistrada Ramos que se calló de ese modo sobre la Ley Especial de Ciberdelitos.
Lo que no se supo entonces –cita el medio– es que, tras bambalinas, a pedido del Ejecutivo, fue el Poder Judicial el autor del proyecto de ley que fue presentada posteriormente por los diputados sandinistas como si fuese de ellos, una norma que entró en vigencia desde diciembre pasado y fue denunciado como una amenaza para la libertad de expresión según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Según nos explicaban es un trabajo que vienen haciendo desde hace un año (preparando la propuesta), y tuvieron el mandato del presidente de la República (de) conocer cómo se estaba haciendo en otros países esta ley, de modo en adecuarla al contexto nicaragüense”, explicó el diputado Mauricio Orúe, vicepresidente de la comisión de Justicia al diario local La Prensa. La diferencia entonces de otras ocasiones en la última década es que los funcionarios judiciales no asumieron en declaraciones ante los periodistas la injerencia del orteguismo en sus decisiones técnicas, agrega dicho sitio.
La magistrada de Ortega
Ramos Vanegas, de 71 años, ha sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia desde 1988 —casi la mitad de su vida— y preside la institución desde 2010 con el apoyo de Daniel Ortega y la estructura partidaria sandinista. Ingresó a las filas de esa organización como colaboradora antes de 1979, en los años en que jóvenes guerrilleros luchaban contra Somoza. La llamaban “Natalia” en aquella época en que usaban seudónimos para protegerse a ellos y a sus familias.
Más de cuarenta años después –reseña Confidencial– los jóvenes que se oponen a Ortega lo denuncian en las redes sociales desde cuentas anónimas, mientras la magistrada ocupa el nivel más alto de la jerarquía judicial, un cargo en que abiertamente asume posiciones en defensa del caudillo nicaragüense, igual que hacen otro grupo de jueces que asisten incluso a actividades políticas. Tienen además sus oficinas decoradas con emblemas del FSLN, lo que puede comprobarse en una serie de imágenes filtradas por empleados del poder judicial al medio.
Su vicepresidente dentro de la CSJ es el sandinista Marvin Aguilar García, sancionado por Estados Unidos el 21 de diciembre de 2020 por reportar coordinadamente a los “objetivos de la oposición democrática” desde su cargo judicial, cruzado políticamente por su rol de secretario político nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista en la Corte Suprema de Justicia, lo que le permite tener contactos directos con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo, añade el informe.
Según dicho sitio, la influencia en la estructura judicial, a manos del mismo partido, supera al 70 por ciento en todo el país, según dijo el magistrado liberal Manuel Martínez en 2014 al periódico digital Confidencial que “por muy independientes que (los jueces) quieran ser, si les hacen una llamada deben atenderla”. Eso significa que, si el más reciente dato oficial del personal judicial suma 394 jueces en todas las dependencias del país y 64 magistrados en apelaciones, hay unos 320 en ambos niveles abiertamente al lado del oficialismo, mientras los otros deben alinearse o salir del sistema para evitar represalias.
Ver: La justicia del caudillo: Así actúa el Poder Judicial al servicio del sandinismo, Confidencial, Managua
