Presidente denuncia irrespeto constitucional pero irá al plenario a declarar sobre caso UPAD

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Edgar Fonseca, editor

El presidente Carlos Alvarado anunció este viernes que asistirá el miércoles a la comparecencia legislativa por el caso UPAD que, advirtió, irrespeta normas constitucionales.

Calificó como grave precedente la decisión de 40 diputados de convocarlo al plenario .

Dijo que no valida el procedimiento.

Irrespeto a normas constitucionales

Alvarado ratificó que la decisión de los parlamentarios irrespeta normas constitucionales.

“Lo resuelto por la mayoría legislativa representa un precedente de irrespeto a las normas constitucionales que no quisiera ver aplicado a ninguna de las personas que me sucederán en este honroso cargo”, destacó Alvarado.

“Mi asistencia al Plenario no representa validación alguna por mi parte hacia ese grave precedente. Tan solo refleja mi respeto por la ciudadanía costarricense: tomo esta decisión pensando única y exclusivamente en los mejores intereses de las y los costarricenses, a quienes me debo”, aseveró.

“Es claro, por otra parte, que la Constitución Política no permite la interpelación legislativa al Presidente de la República, aunque sea en forma velada. Así lo señaló el propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, un ente técnico”, puntualizó el gobernante.

“Pensando exclusivamente en la ciudadanía costarricense y con la intención de darle las explicaciones que merece, he decidido acudir a la Asamblea Legislativa el próximo miércoles 10 de febrero”, enfatizó.

Explicar UPAD

Alvarado defendió la pretensión inicial de UPAD de manejar politicas públicas con base en datos y evidencia.

“Tengo el mayor deseo de explicar a las y los costarricenses, a quienes me debo, todo lo relativo a la UPAD y dejar claro que solo hemos procurado tener mejores políticas públicas basadas en datos y en la evidencia”, añadió.

El caso UPAD estalló hace un año cuando trascendió el funcionamiento, vía decreto, de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos.

Tras desatarse la controversia, Alvarado derogó el decreto de funcionamiento.

El Ministerio Público intervino y allanó Casa Presidencial, y decomisó equipos electrónicos, computadoras y celulares del mandatario.