Edgar Fonseca, editor/Foto Fiscalía CR
El número de acusaciones por diversos delitos planteadas por el Ministerio Público en 2020 creció 30% respecto al año anterior. Los casos elevados ante el órgano acusador mermaron 17%, según el informe anual presentado por la Fiscala General, Emilia Navas, ante Corte Plena la tarde de ayer lunes.
El Ministerio Público presentó 31.889 acusaciones, 7.327 más con respecto al año anterior, detalla un reporte oficial.
El crecimiento interanual de acusaciones fue del 30%, constató PuroPeriodismo.
También logró que se dictaran 6.778 condenas en juicio y mediante procesos abreviados.
Según informó Navas a los magistrados, hasta el 31 de diciembre de 2020 se concluyeron 196.155 expedientes, según los principales motivos de término se distribuyen en 31.889 acusaciones; 76.574 desestimaciones; 15.629 sobreseimientos definitivos; 44.371 archivos fiscales y otros motivos de término representan 27.692 de los asuntos concluidos.
Respecto al 2019, el año pasado disminuyó la carga de trabajo. Mientras en el primer año ingresaron 233.187 casos, en el 2020 se recibieron 194.196, para una diferencia de 38.991.
La merma pudo deberse a la situación de pandemia en el país, según la Fiscalía.
El descenso de denuncias fue de -17%, comprobó este medio.
Despacho de la Fiscala
De acuerdo con el informe, 105 expedientes ingresaron al despacho de la Fiscalía General el año anterior.
Lograron concluir 75 asuntos: seis fueron acusados, en seis se solicitó un sobreseimiento y se presentaron 63 desestimaciones.
En relación con el 2019, aumentó en cuatro la cantidad de investigaciones a personas con fuero o inmunidad, y se redujo en seis los casos de investigaciones a personas sin fuero especial, agregó el informe.
Navas expuso que en casos complejos de corrupción, narcotráfico, legitimación de capitales, trata y tráfico de personas, y delitos ambientales, las piezas acusatorias, con solicitud de apertura de juicio, sumaron 264.
En materia penal juvenil, confeccionó 2.913 acusaciones, 299 en asuntos relacionados con asuntos de género, y 40 en casos donde intervinieron personas indígenas.
“La Reina del Sur”
El reporte destaca que en narcotráfico y delitos conexos, una de las 119 acusaciones elaboradas corresponde al caso conocido mediáticamente como la“Reina del Sur”.
En dicho proceso se vinculó a 37 personas por delitos de tráfico de drogas, homicidios, legitimación de capitales, falsedad ideológica y tenencia de armas. El expediente se acusó en junio del 2020 y, en una audiencia preliminar realizada en enero pasado, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José ordenó el auto de apertura de juicio.
También:
-Navas informó de la creación de un Protocolo de Cadena de Custodia, procedimiento riguroso para garantizar la integridad, identidad, calidad científica y técnica de los indicios obtenidos durante la investigación.
-se actualizó el procedimiento para tramitar coincidencias entre indicios balísticos, lafoscópicos y de ADN; se crearon 30 nuevas circulares de política de persecución penal en áreas estratégicas;
– y se capacitó a 2.770 funcionarias y funcionarios para potenciar sus conocimientos y mejorar el servicio público.
Bajo pandemia
Navas resaltó la labor desplegada en el marco de circunstancias inéditas, por la pandemia de la covid-19.
“Estas condiciones –aseveró– implicaron cambios en el esquema de trabajo habitual y medidas extraordinarias”.
Citó confección de planes de especiales, incremento del teletrabajo, readecuación de horarios, maximización de la tecnología y otras acciones para asegurar el funcionamiento de la gestión jurídica, administrativa y de talento humano, esenciales desde el punto de vista de la función sustantiva y el servicio que se brinda a las personas usuarias.
Según la jerarca, la prioridad fue garantizar el acceso de la población a los servicios públicos esenciales durante la emergencia sanitaria, para lo cual fue necesario emitir disposiciones prácticas para el trabajo de las distintas fiscalías, así como generar lineamientos para el abordaje, tramitación e investigación de las causas relacionadas con delitos que afectan servicios esenciales.
